viernes
7 y 9
7 y 9
Al parecer el acuerdo de paz es irreversible. Y bienvenido sea si no pone en peligro el Estado social de Derecho, y es conocido en sus detalles y aprobado por la sociedad. Porque uno entiende que no se conozca en detalle todo lo que se aprueba parcialmente dentro de las negociaciones. Pero sería una traición a la Patria si el presidente lo sanciona a espaldas del pueblo, así la Ley se lo permitiera, pues cualquier gobierno carece de legitimidad política para proceder en esa forma dado el impacto que tal acuerdo tiene en el poder constituyente primario, es decir, el pueblo.
Y lo mismo ocurre si el acuerdo es ratificado por el Congreso, ya que es indudable la parcialidad de los partidos de gobierno, que tienen una mayoría suficiente y han avalado todo lo que el Gobierno ha cedido y decidido en la mesa de conversaciones. Eso sería ser parte y juez. Se estaría desconociendo el principio democrático del respeto a las minorías.
El ideal máximo sería el de una Asamblea Constituyente, citada únicamente para ratificar el acuerdo. Pero no podemos olvidar que en la Constitución del 91, las facultades de la constituyente eran únicamente para reformar la Carta anterior, pero una vez posesionada la Asamblea ya no hubo quién la contuviera y terminó sustituyéndola por completo. Además, si se convoca, el Gobierno tiene todo a su disposición para obtener las mayorías en la Asamblea.
Queda entonces la alternativa del referendo popular, que es la solución menos mala, pero que tiene serios riesgos que es conveniente develarlos desde ya.
En efecto, acertadamente la Corte Constitucional decidió, en el referendo citado por el presidente Uribe (2003), que todos y cada uno de los temas contenidos en el cuestionario debían ser explícitos, ya que no era democrático aprobarlo o desaprobarlo en bloque. Así planteado, cada punto del cuestionario fue votado individualmente, lo que significó la aceptación de unos temas y el rechazo de otros.
En consecuencia para que el acuerdo sea democrático y transparente, es indispensable convocar ese referendo, describiendo en un lenguaje claro, cada uno de los puntos del acuerdo. Así el presidente honrará su palabra, según la cual nada se hará a espaldas del pueblo. Si somos un Estado Social de Derecho, el constituyente primario es el único que decide.
Ahora, siguiendo a Habermas y Bobbio (Habermas, Facticidad y validez, Trotta, p. 363), previamente la sociedad tiene el derecho inalienable a debatir con una pedagogía desplegada por las universidades, y todos los medios de comunicación que hasta la fecha, con honradas excepciones de imparcialidad, monolíticamente han apoyado lo que el Gobierno decida en La Habana. La prensa pluralista tiene el deber de analizar y difundir la opinión del pueblo, incluida la oposición, sobre los pro y los contras de los puntos del acuerdo. Igual deben hacer las universidades.
Es hora de que exijamos el derecho a decidir, pero previamente informados. Y si así se procede, y el referendo favorece al Gobierno, tenemos la obligación de aceptarlo. Eso es la democracia.
