Pasó en Santurbán, Santander, pasó en Tauramena (Arauca), pasó en Piedras (Tolima) y pasó en Jericó (Antioquia). De hecho, la historia se repite en 98 puntos de la geografía colombiana donde, según el Atlas de Justicia Ambiental, hay conflictos entre comunidades, autoridades locales, empresas privadas y Gobierno Nacional por eventuales impactos de una mina, un yacimiento de hidrocarburos, una hidroeléctrica o una autopista de cuarta generación (4G) por construir.
Hoy, cuando en un municipio se contempla la construcción de uno de estos megaproyectos, la voz de sus autoridades y pobladores es ignorada.
Ese desequilibrio es aún más evidente en los permisos y licencias ambientales: las autoridades encargadas solo tienen en cuenta la información proveída...