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A finales de 2014 elaboró Anif para la Cámara Colombiana de Infraestructura un excelente y completo documento para analizar los potenciales requerimientos de inversión y financiamiento de los sectores público y privado para ejecutar las concesiones de infraestructura de cuarta generación, las 4G.
Anif analizó los 25 proyectos incluidos en la segunda y tercera etapa de las 4G y concluyó que su construcción no está asegurada, dados los riesgos de ejecución, geológicos, ambientales, tráfico futuro y consultas con las comunidades. La mayoría de los proyectos adjudicados no tienen cierre financiero, esto es, el tráfico futuro y los peajes no les garantizan a los inversionistas privados rentabilidades razonables y, además, porque los aportes del Gobierno son exiguos como se comenta más adelante.
Como es sabido, la construcción de las 4G costará 50 billones de pesos de los de doce ceros durante la próxima década. Las obras de las 4G serán financiadas en parte con recursos del Presupuesto General de la Nación, hasta el 20%. Y el sector privado se encargará del resto del financiamiento y de la construcción; es decir, funcionarán bajo el esquema de las Asociaciones Público Privadas –APP.
La suma de los aportes para las 4G del Gobierno nacional, de los gobiernos locales y del sector privado, promediaría el 2,6% por año del PIB durante la década, cifra no muy diferente del 2,5% canalizado para tal fin durante 2010-2013. Porcentaje que se considera bajo, puesto que la recomendación de los expertos internacionales propone dedicar a las vías solamente no menos del 3% del PIB anual.
La experiencia de la última década –afirma Anif- ha mostrado las dificultades que han tenido las concesiones para prever adecuadamente los riesgos geológicos de construcción, por no contar con estudios técnicos detallados previos a las licitaciones, ni con las licencias ambientales, ni con las consultas con las comunidades, ni con la adquisición previa de los predios. Y porque la mayoría de los trazados presentan desafíos geológicos y de ingeniería, consecuencia de los precarios estudios previos a la licitación, donde se está invirtiendo solo el 0,2% del valor de los proyectos, frente al 2% - 3% que recomienda la norma internacional.
Justo reconocer que durante el gobierno del presidente Santos se ha legislado para crear la Agencia Nacional de Infraestructura, para crear la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN- y para atraer a los constructores privados, pero los cierres financieros todavía no son claros.
Pervive, sin embargo, la ilusión sobre la financiación de las 4G con su 30% aportado por la banca local, 26% por la banca externa, el 15% por los concesionarios externos, 5% por los concesionarios internos, el 14% por el capital privado con sus fondos de pensiones y el 10% restante por la FDN. El aporte por año de cada uno de estos participantes se estima en 1/10 de los porcentajes anteriores. Como se deduce de lo anterior, el Gobierno aporta muy poco, solo el 10% -exiguos 5 billones de pesos- razón por la cual se rumora que estos proyectos todavía son más retórica que realidad.
