Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 13 de octubre de 2017

CORRUPCIÓN Y CREDIBILIDAD

Los numerosos casos de corrupción denunciados por autoridades internacionales y nacionales, más todos aquellos que por distintas razones permanecen en silencio, constituyen una terrible muestra del grave mal que se vive en las distintas esferas de la actividad social, política, económica y jurídica. Este fenómeno arroja graves efectos sobre la sociedad. El primero, con peligrosas implicaciones éticas, tiene que ver con la representatividad de quienes incurren en tales conductas y su ejemplo para los demás miembros del grupo social.

En efecto, cuando los ciudadanos corrientes, inmersos en su diaria lucha por adquirir el sustento para sus familias, observan que grandes protagonistas de la sociedad desconocen las más elementales normas del comportamiento ético y jurídico, con el fin de hacerse a jugosas prebendas de distinta índole, la moral de aquellos se va relajando y el mal ejemplo comienza a invadir todas sus acciones sociales. El estudiante sentirá que hacer “trampa” en sus exámenes implica actuar con despierta vivacidad. El trabajador estimará que fingir estar enfermo para hacerse a una incapacidad que no requiere, con el fin de no asistir al trabajo, no es más que un gesto de atrevimiento. El conductor considerará que incumplir las normas que regulan el tránsito, es una muestra de agilidad y destreza. Y así ocurrirá con todos los actores sociales, cualesquiera sean los campos de actividad en que actúen.

Una segunda consecuencia, igual o más grave que la anterior, consiste en la pérdida de legitimidad y credibilidad en las instituciones. El ciudadano se convence que cualquiera sea la persona que elija para presidente, congresista, diputado, gobernador, concejal o alcalde, por no mencionar sino los niveles superiores de las ramas Ejecutiva y Legislativa, tarde o temprano terminará absorbido por la enfermedad de la corrupción, las malas prácticas, las artimañas de manejo y el ofrecimiento indebido.

Para colmo, la institución que por excelencia ha representado la independencia, autonomía, pulcritud, honestidad y dignidad, que es la justicia, comienza a verse salpicada por la misma grave enfermedad, con consecuencias peores, en términos de subsistencia social e institucional. Si no se cree en la honestidad de los jueces, las personas tendrán la sensación de que para la defensa de sus derechos deben entrar en la tónica de la corrupción, o lo que es peor, hacerse justicia por su propia mano.

No se trata de una mera elucubración teórica, ni del panorama de un pesimista crónico. La última encuesta sobre credibilidad en las instituciones, demuestra que el 48 % de los encuestados considera que el Congreso es corrupto. Más del 40 % encuentra que los diferentes órganos de la Rama Ejecutiva, a nivel nacional y territorial, incluyendo los concejales, son corruptos. Pero lo más preocupante es que el 37 % de los ciudadanos cree que los jueces y magistrados son corruptos.

Estos niveles de corrupción conllevan un preocupante sentimiento de frustración frente a la actuación de las instituciones, con graves consecuencias para una sociedad que se dice actuar bajo los parámetros del Estado Social de Derecho.

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