The New York Times
Columnista

The New York Times

Publicado el 12 de agosto de 2017

CUANDO EL GOBIERNO DIFAMA

Por AZIZ HUQ
redaccion@elcolombiano.com.co

Imagine que un veterano funcionario del gobierno recurre a Twitter, hace una llamada a la red de noticias nacional o hace una aparición en televisión nacional para denigrarlo. Imagine que dice mentiras sobre usted a una audiencia nacional, mentiras que son dañinas para su futuro profesional o personal. ¿Qué podría hacer usted para remediar la situación?

Usted podría buscar una retractación. Tal vez usted acudiría a sus colegas y amigos para defender en privado su versión del caso. O si tuviera la suerte de tener una plataforma nacional propia, quizás intentaría corregir la declaración difamatoria en público.

Pero una cosa que no podría hacer es demandar. No existe ningún remedio judicial para cuando un funcionario federal difama a alguien. Esta brecha en la ley no es el resultado de una decisión consciente por parte del Congreso o jueces federales para proteger la habilidad del gobierno para denigrarlo a usted. Fue creada involuntariamente. En una época cuando la mentira política está siendo utilizada como un arma para aumentar el efecto, es una omisión que el Congreso debería rectificar.

Hoy, si una cadena de noticias como The New York Times, CNN o Breitbart News pronuncia una calumnia, o si un ciudadano privado haciendo campaña en busca de un cargo público lo hace, los tribunales están abiertos. Ciertamente, los remedios no son ilimitados. Preocupado por los efectos escalofriantes de la difamación en la prensa, la Corte Suprema ha erigido con razón los grandes obstáculos a los daños por difamación.

Pero si un funcionario del gobierno hace una declaración intencional, falsa y dañina, no hay nada que hacer. En febrero, por ejemplo, horas después de reportar críticamente sobre las operaciones de prensa de la administración Trump, Alex Isenstadt se vio acusado (al parecer falsamente) por oficiales anónimos de la Casa Blanca de burlarse y desestimar la muerte de un oficial de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Estados Unidos. Bajo la actual ley de difamación, Isenstadt no tendría recurso alguno en ese caso.

¿Cómo surgió esta brecha en la ley de difamación?

Cuando el gobierno le hace daño a alguien, una ley de 1946 llamada el Acta Federal de Reclamaciones de Agravios generalmente ofrece un remedio judicial. En 1988, en el Acta Westfall, el Congreso enmendó el acta anterior para cubrir la mayoría de los reclamos por daños personales contra funcionarios oficiales. Estas leyes, sin embargo, forjan inmunidades para funcionarios del gobierno cuando se trata de “difamación, calumnia, tergiversación” así como “engaño.”

¿Por qué esas excepciones? Simple cautela,

En un caso de 1976, Paul V. Davis, que tenía que ver con un folleto policial con fotografías de personas “conocidas como activas” como ladrones, la Corte Suprema sostuvo que la cláusula de debido proceso de la Constitución no protege la reputación. El presidente de la Corte Suprema, William H. Rehnquist, expresó su alarma por la cantidad de casos que podrían ocurrir si se permitiera a las personas demandar a sus funcionarios locales y estatales por difamación y calumnia.

Muchas décadas han pasado. En ese tiempo, las cortes han tenido amplia experiencia con reclamaciones de lesiones contra el gobierno federal. Sin embargo, no se han tomado medidas para proteger contra el daño del discurso oficial que falsamente impugna el carácter de una persona en los medios de comunicación nacionales.

Hay una solución simple. El Congreso debería promulgar un recurso judicial para cualquier persona difamada por un funcionario del gobierno federal hablando o escribiendo al público.

Limitar la solución a funcionarios federales le daría manejo a la preocupación del magistrado principal Renquist en cuanto a una inundación de demandas menores contra oficiales locales y estatales. Además, los funcionarios públicos no estarían tranquilos por nada más que por declaraciones imprudentes y falsas. Por una parte, normalmente sería difícil para un demandante demostrar que un funcionario debía haber sabido que una declaración era falsa.

Además, el remedio si un demandante gana no serían daños. Ningún funcionario pagaría personalmente de su bolsillo. El Presidente Trump ha hablado sobre abrir la ley de libelo, aunque dudo que esto es lo que tenía en mente. Sin embargo, sería bueno que los legisladores que quieren mantener estable y civil nuestra vida política nacional piensen sobre la reforma al libelo - para el discurso del gobierno.

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