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El estado de derecho no es una tontería. La civilización contemporánea solo es posible en el marco del estado de derecho. Es el estado de derecho, con el imperio de la ley y la vigencia y el respeto de los derechos humanos como pilares sustantivos del mismo, lo que garantiza una igualdad mínima de todas las personas y la convivencia pacífica. El estado de derecho supone que quienes detentan el poder no hacen lo que les viene en gana sino solo aquello para lo cual están autorizados por la ley.
El estado de derecho y el imperio de la ley suponen que es la norma jurídica, adecuadamente formada y publicada para el conocimiento público, lo que definen el marco de la acción de las personas y de los servidores públicos en particular. Es la supremacía del derecho sobre la voluntad de los ciudadanos y no se puede dejar de insistir, en particular de quienes detentan el poder. Fuera del estado de derecho, todo es arbitrariedad, capricho, tiranía de los más fuertes, violencia.
Toda esta introducción, perdone el lector, para comprender la gravedad de las declaraciones que diera hace apenas unos días Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ellas, el magistrado Bustos, “actuando como vocero” de la Corte, dijo que “el derecho no puede ser un obstáculo para la paz ni para el cambio social” y que hay que “asegurar” que no lo sea.
Que tales cosas las diga un ciudadano de a pie resaltaría la necesidad de hacer una mejor pedagogía sobre la importancia vital del estado de derecho para la convivencia ciudadana. Pero que lo diga el presidente de la Corte es sumamente grave y escandaloso. Semejantes declaraciones del magistrado Bustos deberían hacer saltar todas las alarmas. Porque las cortes y sus magistrados tiene precisamente la tarea de asegurar la vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley. Esa es su función. Para eso existen. Solo en eso se justifican. Pero algunos de los encargados de asegurar la vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley, parecen decididos a abandonar su tarea constitucional y legal en aras de “la paz” y el “cambio social”. Es la claudicación y el desmadre de las instituciones. Y el triunfo de quienes detentan el poder a costa de trampas y mermeladas y de quienes lo ambicionan de manera tal que han asesinado sin misericordia durante cincuenta años dizque para buscar, vea usted, el “cambio social”. Sí, eso de que el derecho no puede ser un obstáculo para el cambio social más parece una declaración propia de un subversivo y no de quien preside la máxima corporación en materia penal en el país.
La paz solo es posible en el marco de la vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley. La paz solo es posible con justicia. El Gobierno tiene que ajustar sus actuaciones en el proceso de paz al marco del estado de derecho. No se lo puede saltar, aunque en ese intento lo acoliten declaraciones como la del Presidente de la Corte. Y lo que se acuerde en el proceso de paz debe ceñirse a lo que dice la Constitución, que es el pacto de convivencia ciudadana. Y cualquier modificación a la Constitución y las leyes que se acuerde debe tramitarse por los mecanismos que el derecho establece hoy. No debe y no puede ser de otra manera. Porque cualquier otra cosa es seguramente un delito, porque si fuera distinto no tendría ninguna legitimidad, porque violar la Constitución o la ley para “la paz” que quiere el Gobierno es sentar las bases de la violencia del futuro.
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Había pocos en Colombia con más autoridad para diseñar y asesorar programas de pedagogía para la paz que Antanas Mockus. Pero es inmenso el daño reputacional que se ha hecho a sí mismo ocultando que la Corporación que preside y de la que recibe sueldo fue contratista del Gobierno para “diseñar, implementar acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las conversaciones en La Habana”. Yo no vine porque quise sino porque me pagaron, dirán algunos.
