Desde los tiempos funestos del magistrado Carlos Gaviria Díaz, el activismo judicial adoptado por la Corte Constitucional está amenazando seriamente el desarrollo social y económico de Colombia, sobre todo, con sus fallos para proteger las comunidades y los recursos naturales frente a la construcción de vías, minería e hidrocarburos.
Este activismo la ha llevado a dictar fallos por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque considera la Corte que las políticas públicas de estas dos ramas del Estado no son efectivas. Este juez constitucional pretende imponer a la fuerza su interpretación del derecho sobre las otras ramas del poder público.
La revista Semana presenta algunos oportunos ejemplos de este perjudicial activismo. Para ello...