El alcalde Federico Gutiérrez, como funcionario, debe aceptar los requerimientos que impone la razón pública cuando se involucra en la deliberación democrática. Un funcionario no puede, basado en razones personales, en sus creencias religiosas, en su concepción particular del bien, rechazar a personas o grupos en eventos públicos y ciudadanos, porque considere que pertenecen a una guerrilla que “no le ha cumplido al país. Las Farc tienen que entregar todas las armas y todo el dinero que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales y de todo lo que han hecho”, dijo. (El Colombiano, 02.06.17). Como particular puede hacer este reclamo, pero como funcionario debe actuar bajo las restricciones que la razón pública aplica en el “foro...