Alberto Velásquez Martínez
Columnista

Alberto Velásquez Martínez

Publicado el 29 de agosto de 2018

El amortiguador

Pasado el bullicio de la consulta anticorrupción –jurídicamente hundida pero políticamente viva– el país retoma la expectativa en torno al articulado del proyecto de reforma tributaria que el ministro Carrasquilla someterá al escrutinio del Congreso. Es el reto económico más grande de Gobierno y Congreso. Según Vargas Lleras –quien reapareció en columna de El Tiempo después de sanar sus quemaduras electorales de tercer grado– esta es la versión número 56 de las reformas que en materia impositiva, se han emprendido en Colombia en los últimos 30 años.

Independientemente de lo acertada o desacertada que hayan sido las anteriores reformas, la cifra en sí constituye un récord para el libro de Guinness. Su número asusta a cualquier inversionista extranjero cuando se le invite a hacer empresa o a asociarse para generar riqueza. Difícilmente considera serio un país que fabrica dos reformas tributarias por año.

Está bien que en esta reforma se consagre un alivio en el impuesto de renta para las sociedades de capital. Hay que promover la inversión que genera estímulos productivos, bienestar social, riqueza accionaria, competitividad externa. Pero no a costa –para buscar ingresos que tapen el hueco originado por esos beneficios impositivos– de los miembros de la clase media, golpeándolos con extender el Iva a todos los artículos de la canasta familiar. Y menos endulzándoles el purgante con la promesa de que esos dineros se les devolverán a los estratos más pobres de la población. La clase media quedaría aprisionada, sin obtener devolución alguna, entre los de arriba que pueden pagar y los de abajo a quienes se les reembolsará lo pagado. Se le llevará al paredón de las utopías tributarias, al suponer que con tales discriminaciones se hará más justa la distribución del ingreso.

La clase media, esencialmente los asalariados aprisionados en nóminas, siguen siendo la gente más olvidada de todos los gobiernos. Como no protesta, ni tiene centrales sindicales que la reivindiquen y carece de gremios del capital que velen por sus derechos, es zarandeada y arrinconada. Pareciera que se le quisiera seguir estrujando por el actual minhacienda, como lo hizo el anterior, Mauricio Cárdenas, quien la fustigó con habilidosas jugarretas cuyas duras consecuencias ahora la está viviendo, como herencia/pesadilla, el contribuyente asalariado frente a su declaración de renta. No es justo que el hombre/empleado de clase media, que amortigua el choque entre los de arriba y los de abajo, pague los platos rotos de la voracidad de un Estado arbitrario y despiadado.

Tranquiliza al país de esas prematuras ligerezas ministeriales, la reiteración que hizo el presidente Duque en Cartagena. Allí, ante los banqueros, nuevamente se comprometió a encarrilar la nación hacia una sociedad más igualitaria y equitativa, a través de unas políticas tributarias justas y oportunas y a fortalecer las clases medias. Buenos propósitos que se asfixiarían si se impone la propuesta de Carrasquilla, a través de más cascadas impositivas para ahogar a una clase media que ha mantenido el agua hasta el cuello por los excesos de los funcionarios alcabaleros.

Debilitar las clases medias es un presupuesto que no está en la mente de un mandatario ecuánime y progresista como el que hoy gobierna al país.

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