Si algo caracteriza una democracia es la posibilidad real, para cualquier ciudadano, de acceder a los cargos públicos, en especial los de elección popular. Traducido ese principio esencial a términos jurídicos, tal posibilidad, que debe ser efectiva, se constituye en un derecho inalienable que el Estado debe garantizar y que implica, a la vez, todo un conjunto de derechos que le son conexos e indispensables, como los de conformar partidos y movimientos políticos, entrar y salir de ellos libremente, sufragar, elegir y ser elegido, desempeñar cargos públicos, vigilar y verificar la pureza y transparencia de los procesos electorales, oponerse al gobierno en ejercicio, protestar contra él, ofrecer públicamente alternativas políticas e ideológicas,...
