Juan José Hoyos
Columnista

Juan José Hoyos

Publicado el 20 de agosto de 2018

EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia advirtió que por lo menos 3700 indígenas de la etnia emberá en el Chocó están en riesgo de ser desplazados por la fuerza de sus territorios debido a los enfrentamientos entre grupos armados por el control de las rutas del narcotráfico en el río Atrato y en la costa del Pacífico. Los enfrentamientos se están dando sin discriminar a las víctimas que quedan atrapadas en mitad de los combates. La ONU informó que, después de la firma de los acuerdos de paz con las Farc, los dos grupos armados que han puesto en peligro la vida de los indígenas son el Eln y el Clan del Golfo. A ellos se suma este año el grupo paramilitar de las llamadas Águilas Negras. Estos se disputan el control de las zonas de cultivo y las rutas de exportación de la droga.

Según la ONU, la situación más grave se presenta en las zonas rurales de los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá, donde los indígenas son amenazados constantemente y se ven obligados a vivir en medio de campos minados. Muchos no pueden ni siquiera salir de sus territorios y se están quedando sin alimentos. Por eso la ONU prevé el riesgo de nuevos desplazamientos de esas comunidades hacia las cabeceras municipales. La situación no es nueva. En mayo, más de 600 indígenas fueron desplazados por las Águilas Negras. La Asociación Orewa ―que reúne a los emberá que viven en las selvas aledañas a los grandes ríos del Chocó y en la costa del Pacífico―, denunció que en esa ocasión al menos 100 hombres armados de ese grupo entraron por la fuerza a los caseríos para intimidar, abusar y reclutar a mujeres, niños y adultos.

Después del asalto, los indígenas abandonaron sus hogares y se desplazaron hacia el corregimiento de Virudó, con el fin de buscar refugio en el resguardo de Pavasa Gella.

En junio, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU denunció que 331 familias más de seis comunidades indígenas estaban confinadas en la costa pacífica chocoana, intimidados por los combates entre estos grupos armados.

La amenaza de desplazamiento forzado de los indígenas de Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá no es la única que agrava el panorama del desplazamiento en Colombia.

Según la Defensoría del Pueblo, en el primer semestre de este año cerca de 18 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus regiones por el recrudecimiento del conflicto armado en 11 de los 32 departamentos de Colombia. Esto significa que las cifras de desplazamiento ya sobrepasaron las de 2017, cuando los desplazados fueron 12.841 a lo largo del año.

Norte de Santander es el departamento más afectado, en especial la zona del Catatumbo, donde se han registrado 20 eventos masivos de desplazamiento y han resultado afectadas 9.686 personas, más de la mitad de la población desplazada este año en nuestro país.

Sin embargo, también ha habido desplazamientos forzados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca y Meta.

Solamente en enero más de 1.000 personas fueron desplazadas en cuatro días en Nariño, Córdoba, Antioquia y Boyacá. En todos los casos, la causa fue la misma: la disputa territorial entre el Eln, las bandas criminales y las disidencias de las Farc por el control de los territorios y las rutas del narcotráfico.

La cadena se rompe por el eslabón más débil: con más de 7 millones de desplazados durante el conflicto interno, y a pesar de los acuerdos de paz, Colombia sigue siendo hoy uno de los países con mayor número de desplazados en el mundo. Entre ellos, los que han corrido con la peor suerte han sido los indígenas.

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