Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 17 de julio de 2017

EL FISCAL GENERAL Y LAS GARANTÍAS

El derecho penal soporta hoy grandes dificultades; por ello, especialistas como el profesor italiano Luigi Ferrajoli afirman que en las democracias avanzadas la crisis del mismo consiste en el quiebre de sus dos funciones garantistas, que le aportan su legitimación: la prevención de los delitos y la prevención de las penas arbitrarias. Ello, se dice, es producto del doble cambio producido en la fenomenología de los delitos y de las penas favorecido por los procesos de globalización, que tiene que ver tanto con la cuestión criminal (valga decir, con las formas económicas, sociales y políticas de la criminalidad, en gran parte nuevas) como con la cuestión penal (esto es, las formas de intervención punitiva en gran parte viejas y degeneradas, las causas de la impunidad de la nueva criminalidad y las arbitrariedades y excesos punitivos).

Por eso, se cree, lo que más ha cambiado es la cuestión criminal, pues hoy la delincuencia que amenaza a los derechos y a las libertades no es la vieja criminalidad de subsistencia sino la del poder, un fenómeno inserto en el funcionamiento normal de la sociedad y que, por su carácter organizado, tiene dos formas: una, la de los poderes abiertamente criminales, sean de tipo político y terrorista, o de carácter económico y mafioso; y, otra la de los crímenes de los poderes, sean económicos o públicos. En este momento, pues, los brotes criminosos que más daño causan son los de los poderes, los de las transnacionales, los de las potencias arrogantes y, por supuesto, los de las personas jurídicas; en ellos, obvio es decirlo, tiene que poner sus miras el derecho penal cuando de investigar las violaciones a la ley penal con las modernas herramientas se trata.

En cuanto a la cuestión penal, los sistemas punitivos de las democracias avanzadas no han sabido responder a los grandes desafíos que plantea la cuestión criminal y, en su lugar, han implantado un derecho penal máximo que produce dos expansiones patológicas: la del derecho de la penalización (la inflación legislativa que lleva al colapso a los sistemas judiciales y del principio de legalidad, para crear un enorme derecho penal burocrático); y, la del aumento desmesurado de las aflicciones punitivas con el incremento del encarcelamiento, la criminalización de la pobreza y la impunidad de los crímenes de los poderosos, producto de una política indiferente a las causas estructurales de los fenómenos criminales y a las garantías. Por ello, la “seguridad” es el terreno privilegiado de esta política que transmite un doble mensaje: uno, según el cual la única criminalidad existente es la callejera, no la de los poderosos; y, otro, en virtud del cual la voz “seguridad” no significa en el lenguaje de la política “seguridad social” sino, al pervertirlo, sólo “seguridad pública”.

Por eso, no es de extrañar que el Fiscal General de la Nación en el discurso de celebración de los 25 años de la Fiscalía, pronunciado el día seis de julio pasado, se haya ido lanza en ristre contra el derecho penal de garantías y, sin siquiera sonrojarse, haya afirmado que “la dogmática garantista ha dejado de ser una virtud para constituirse en una preocupante doctrina para la defensa de los derechos colectivos”; y que “la lucha contra el terrorismo no puede adelantarse bajo instrumentos propios de la normalidad”.

Es más, en contra del programa penal de la Constitución Política de 1991, aseveró que “esa hipérbole del garantismo es la que está inspirando las últimas reformas legales en Colombia, enviando un mensaje a la sociedad equívoco”; y que “los delincuentes deben entender que por encima de sus garantías están las de la sociedad”. En fin, con estos planteos -que invitan a pisotear los derechos humanos-, este vocero de la Administración de Justicia y su cúpula de asesores abogan por una reflexión colectiva encaminada a “revisar las instituciones penales”.

¡Soplan, pues, vientos de cacerías de brujas y de represión!.

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