Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 14 de agosto de 2017

EL HURTO FRUSTRADO DE UNA TEJA...

Ha sido muy promocionado en los medios de comunicación masiva, que reproducen la noticia aparecida en la página web de la Fiscalía, el primer caso juzgado en El Espinal (Tolima) por el nuevo procedimiento abreviado, que da cuenta del fallido hurto de una teja por el cual fueron condenados dos hermanos sorprendidos en flagrancia -en escasas tres semanas-, pese a que el juez advirtió las “situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas” concurrentes en sus conductas.

Ni corta ni perezosa, la propia Fiscalía ha destacado que “con la facilidad y lo expedito del procedimiento abreviado” se “garantiza a los colombianos una pronta y efectiva administración de justicia” para delitos como el hurto y similares. Es más, se advierte que la Ley 1826 “contribuirá no solo a agilizar el procedimiento judicial” sino que “permitirá disminuir visiblemente la congestión de los despachos”. Incluso, con los autoritarios defensores de estos dispositivos, se podría agregar que con este tipo de procedimientos también “ganan” las garantías y se ayuda a consolidar el sistema procesal penal: se distribuyen de forma racional los pocos recursos y se abaratan los costos para la administración de justicia, los imputados obtienen penas reducidas, hay celeridad en los juicios, se alivian las tareas a los jueces, etc.

Desde luego, los procedimientos abreviados han sido objeto de críticas porque violentan el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el contradictorio y, agréguese, suprimen la carga de la prueba, etc.; arruinan, entonces, las garantías procesales e introducen la arbitrariedad. Eso es lo que sucede con el procedimiento “especial” abreviado creado por la ley 1826 que, de un solo tajo, suprime toda la etapa de la investigación con los evidentes recortes que ello conlleva para el derecho de defensa, máxime si se trata de las llamadas delincuencias menores. Y, desde luego, más nociva es la introducción de estas herramientas cuando van ligadas a otras figuras como las negociaciones y las aceptaciones de cargos que, con el pretexto de jugosas gabelas punitivas, se prestan para que las personas terminen en manos de algunos fiscales indelicados que las presionan para intervenir en forzados “acuerdos” con los cuales se busca poner fin, a como dé lugar, a las actuaciones procesales.

Así las cosas, las ideas de eficiencia y descongestión del aparato judicial, que suelen ser esgrimidas como bondades para la introducción de este tipo de mecanismos, terminan por derrumbarse ante prácticas cotidianas muy cercanas a la descomposición judicial, la arbitrariedad y al desconocimiento de los principios propios de un derecho penal liberal. Por eso, aquí el hurto frustrado de una teja se reprime con pena privativa de la libertad de nueve meses (¡todo un logro!) cuando es lo cierto que en una sociedad civilizada este tipo de hechos se podría corregir mediante los instrumentos que brinda la autocomposición del conflicto. Por ejemplo: trabajo para pagar el daño (aquí inexistente), aproximación entre víctima y victimario a través del diálogo; oportunidades laborales para estos “perversos” ladrones, etc. Y, por supuesto, para que se vean los contrastes, se les podría imponer una cualquiera de las imaginativas docenas de sanciones administrativas diseñadas para los impunes criminales de lesa humanidad en el Nuevo Acuerdo Final (p. 172-174).

Todo lo anterior muestra, pues, que ante el cúmulo de presos sin sentencia que hoy nos agobia, hemos dado un gran viraje para buscar condenas sin proceso; con ello, las ideas de legalidad y de presunción de inocencia, dos pilares de todo proceso penal liberal propios del Estado de Derecho, se reemplazan por la arbitrariedad y el abuso de poder en el ejercicio de la persecución penal. Ahora la consigna es otra: ¡que vivan las penas sin juicio y sin culpabilidad; que haya un proceso “sin proceso” y, por supuesto, “negociaciones” fruto de coacciones, porque es necesario emitir condenas sin motivación alguna. ¡Eso es lo que, a gritos, piden el establecimiento y sus más calificados voceros!.

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