Francisco Cortés Rodas
Columnista

Francisco Cortés Rodas

Publicado el 03 de julio de 2018

El legado del liberalismo II

La semana pasada mostré que la ambición personal, el deseo de poder y riqueza de los prohombres del liberalismo, desde Turbay hasta Santos, pasando por Samper, Gaviria y Uribe, han llevado al Partido Liberal y al liberalismo como ideología a su postración. En la columna anterior presenté dos elementos centrales del pensamiento liberal; hoy expondré la democracia representativa.

En el contexto de la Revolución Francesa de 1789, los constituyentes vieron el problema de la democracia directa, que condujo a la tiranía de la mayoría, la cual se manifestó de forma brutal en el Terror, bajo la dirección de Robespierre, y opusieron, siguiendo a Emmanuel Sieyès, como alternativa tres ideas fundamentales: el sistema representativo igualitario, la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y el principio de la separación de poderes.

Para James Madison, Adam Smith y John Stuart Mill, si un Estado del tamaño de Francia o Estados Unidos pretendía ser democrático, tendría que ser mediante un sistema de representación. Una democracia representativa no podía ser un sistema de autogestión ciudadana directa, a causa del tamaño de los nuevos Estados. “La democracia del Estado moderno es una democracia mediata, parlamentaria, en la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la mayoría de aquellos que han sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos” (Kelsen).

La cuestión de la representación es entonces por qué deben los gobernantes, equipados con tales poderes, actuar en el mejor interés de otros, de los ciudadanos o de una mayoría. “Esto es lo que se significa con representación: actuar en el mejor interés del público” (Pitkin).

El declive de la democracia representativa se ha producido porque los representantes en el Ejecutivo y el Legislativo han dejado de actuar en interés del público, como lo hemos vivido desde hace muchos años con los partidos Liberal, Conservador, CR, CD y La U. Se habla de crisis de un sistema político porque no tiene una ética colectiva de la responsabilidad, esto es, una conciencia racional que someta las ambiciones y aspiraciones de cada ciudadano y las ponga al servicio del bien común. Esto lleva a la absoluta irresponsabilidad del Estado que de forma indiferente ve cómo se reproducen en la sociedad estructuras de poder que profundizan las desigualdades y son funcionales al enriquecimiento de una minoría.

Del fracaso del sistema representativo ha derivado en las últimas décadas en muchos países el populismo, que se caracteriza, entre otras cosas, por pasar por alto y marginalizar a los otros poderes como el parlamento y las cortes de justicia, designados para garantizar control y responsabilidad. Cabe la pregunta, ¿la reforma de la justicia anunciada por el presidente electo mediante la creación de una gran corte, no apunta precisamente a dañar y desequilibrar el balance entre los poderes del Estado? ¿Por qué se busca perturbar este balance marginalizando a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional? ¿O es que el nuevo gobernante quiere, ya sepultado el liberalismo, regir como potestas legibus soluta? Claro, ya Gaviria no gritará: ¡Duque mentiroso!.

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