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En un país donde sobrevivir es casi una sorpresa, porque todos los días están acompañados de dolor, atropello, desgobierno, sinrazón, intolerancia, corrupción, abuso, ineptitud y falta de liderazgo, etc., acontecimientos como los de esta larga semana llaman al debate. Para empezar, la decisión mayoritaria –dos de los cinco magistrados salvaron su voto– de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (no de toda la JEP), que puede ser defendible cuando reivindica el derecho de un delincuente a ser juzgado por las autoridades de su propio país, desdibuja de forma agreste los hechos y sabedora de que se trata de crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del “Nuevo Acuerdo Final” pretende negarlo y, de paso, le concede la libertad a quien tendrá que responder por sus conductas ante las autoridades legítimas, con tentativa de suicidio, habeas corpus y recaptura instantánea a bordo. Así, la gigantesca sombra de un posible prevaricato se pasea por los 444 párrafos de esa providencia, como lo demuestran los valerosos salvamentos de voto a la misma.
A la par, la desgastada máquina judicial se aceita y priva de la libertad a un exmagistrado infecto y, en el caso de la Comisión de Acusaciones, se activa de forma selectiva y no igualitaria como debiera ser en un Estado de Derecho. Por ello, para más señas, ella se acciona en contra de un exfiscal general de la Nación y su exvicefiscal –tan cuestionados como el saliente– y del presidente de la Sala de Casación Penal, a quien el país entero conoce como un hombre probo pero que deberá defender su pretextada inocencia. Desde luego, en ese contexto deplorable, bajo y antiestético, tampoco podía faltar el ingrediente de los visados que –a su antojo– da y quita la potencia del norte.
A renglón seguido, tan patético como los hechos anteriores, es el espectáculo mediático montado el mismo día miércoles por el Fiscal General quien –escudado en el chapucero pronunciamiento de la justicia señalado y en compañía de sus dos cariacontecidos servidores más cercanos–, volvió a posar de gran defensor de la legalidad y se despidió tras atropellar a quien no se le arrodilló, porque su consigna era defender intereses inicuos de una banda criminal que contribuyó a sembrar el territorio nacional de pudrición. Así las cosas, ese funcionario bolero, quien con sus compinches también debería estar tras las rejas, pretende partir como un superhéroe legendario pero solo deja un amargo sinsabor y, de paso, permite que muchos celebren su esperada caída.
Desde luego este hecho (gestado desde cuando fue postulado y nombrado por servidores públicos que a sabiendas patrocinaron sus aspiraciones; y que continuó con sus casi tres años de desafueros y su extraña renuncia), lastima de forma muy grave a la sociedad. Por supuesto, ante semejante catástrofe uno se pregunta qué hacer, porque no solo el presente está comprometido. Sin embargo, está claro que no debe cundir el pánico y se deben imponer la cabeza fría y la meditación serena; es más, el colectivo social se debe movilizar, no para defender a ese funcionario –como él lo pidió en su degradante despedida–, sino a la institucionalidad dañada y a protestar contra los corrompidos que diseñaron esta máquina infernal. El país, pues, no puede permitir que más seres foscos se apuntalen en medio de la crisis para sacar avantes sus pretensiones políticas y electoreras.
En fin, solo resta esperar que el presidente de la República y la maltrecha Corte Suprema de Justicia entiendan que deben elegir a un fiscal general digno que, con el apoyo de todos, impida el naufragio del barco de la administración de justicia que hace agua por los cuatro costados; la Fiscalía, entonces, no puede ser más el botín de los mismos sórdidos que la ocupan, entre los cuales también se debe mencionar el equipo de monigotes que dejan los dos funcionarios que parten.
