Rafael Nieto Loaiza
Columnista

Rafael Nieto Loaiza

Publicado el 14 de mayo de 2018

EL TRASLADO DE SANTRICH

Jesús Santrich fue trasladado el jueves en la noche a la sede de la fundación Caminos de Libertad, en el barrio La Candelaria en Bogotá. Caminos de Libertad depende de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal de Colombia que, según el Ministerio de Justicia, solicitó el traslado junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. A pesar de mis esfuerzos de verificar directamente si la versión del MinJusticia es cierta, no pude comprobar si la Conferencia había hecho la solicitud o solo había aceptado a Santrich en su fundación. No es un punto menor, dada la polémica que se armó en torno al movimiento y al palo que le están dando a la Iglesia Católica en las redes.

Sea primero aclarar que no es verdad que el internamiento de Santrich en una casa de una fundación del Episcopado lo pone a salvo de su extradición. No sería cierto ni aunque estuviera en la sede misma del Episcopado. Todas las instalaciones de la Iglesia Católica en nuestro país son parte del territorio colombiano y en ellas se aplica la ley nacional. Pero no quiero desviarme. Solo resalto que la Nunciatura es, para todos los efectos jurídicos, territorio de la Santa Sede y que Santrich no puede solicitar asilo recluido en esa fundación. De manera que ni Santrich es un refugiado ni es un asilado: es un recluso más.

O debiera serlo. Porque los crímenes de narcotráfico que se le atribuyen fueron cometidos después del 1 de diciembre de 2016, pasada la firma del pacto con las Farc, y, por tanto, no pueden ser indultados o amnistiados ni ser objeto de beneficio alguno, y no son de la jurisdicción de la JEP. El tratamiento a Santrich debería ser igual al de todos los reclusos en Colombia solicitados en extradición, con la única diferencia de que la sección de revisión de la JEP debe verificar que los hechos atribuidos efectivamente ocurrieron después de ese 1 de diciembre.

Lo controversial, sin embargo, es precisamente que el traslado de Santrich a la Fundación es cuestionable tanto desde una perspectiva ética como desde la jurídica. Rompe el principio de igualdad para darle un tratamiento privilegiado a quien no lo merece. A quienes sostienen que la captura de Santrich pone en peligro el proceso con las Farc hay que repetirles que la principal garantía de ese proceso debe ser precisamente que los guerrilleros beneficiados no vuelvan a delinquir y que, si lo hacen, se les aplique toda la fuerza de la ley. No sobra recordar que, después del triunfo del No en el plebiscito, la aplicación del pacto es ilegítima y que es indispensable que, como mínimo, se cumpla lo acordado en el mismo.

Es intolerable que a los guerrilleros de las Farc se les extienda hacia el futuro la impunidad que el pacto les garantiza sobre sus crímenes pasados. Semejante patente de corso tendría efectos devastadores. Y solo confirmaría que Santos le ha dado la bendición a lo que tememos muchos: las Farc, o al menos un sector mayoritario, están jugando a la combinación de las formas de lucha y, mientras que le sacan jugo a todos los regalos del pacto, mantienen su actividad criminal. Las disidencias no serían tales sino parte esencial de su juego estratégico. Y el narcotráfico la principal fuente de financiación del mismo. Y los acuerdos en materia de narcotráfico consignados en el pacto, un instrumento para proteger y, de hecho, fomentar el negocio. Vivimos en un mar de coca.

Por eso resulta fundamental aclarar todas las dudas. El Gobierno no puede beneficiar a Santrich. La Fiscalía no debe aparecer, como está ocurriendo, como que actuó en este caso solo por presión de los Estados Unidos. Y aunque sé que muchos obispos no están de acuerdo con lo ocurrido, la Iglesia no debe enviar el detestable mensaje de que se mueve por supuestas consideraciones humanitarias solo cuando se trata de criminales de las Farc. Erosiona su base social y la fe de sus feligreses.

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