Fernando Velásquez Velásquez
Columnista

Fernando Velásquez Velásquez

Publicado el 24 de julio de 2017

ENTRE LAS LEYES Y LA DESCOMPOSICIÓN

Son preocupantes los cotidianos escándalos en materia de corrupción que hoy sacuden al país en todas las esferas y consumen a la sociedad entera; para la muestra un par de ejemplos: los hechos que involucran a toda la judicatura del Departamento del Meta con sus más importantes magistrados a la cabeza; y, cómo no, el suculento plato con el cual se regodean los medios de comunicación que involucra al convicto Director Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, para capear la aguda tormenta, el impasible jefe de este último organismo después de condenar las actuaciones que involucran a su servidor (luego de una provocada construcción de imputaciones desde el exterior con ayuda de autoridades foráneas), apareció el pasado 20 de julio para anunciar la presentación de un proyecto de ley que, dijo en promocionado comunicado de prensa, “propone instrumentos para combatir eficazmente la corrupción”.

Por supuesto, como se busca hacer populismo punitivo con el asunto, no se expresa que las causas del flagelo en mención (de orden ético, económico, social, político y administrativo) encuentran su caldo de cultivo en diversas condiciones estructurales del Estado colombiano, el sistema y el ejercicio político. Menciónense las siguientes: la concentración del poder en el ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos; el clientelismo exacerbado; la impunidad rampante; la falta de transparencia en la financiación de la política; la «cultura del atajo» y el «todo vale»; una débil educación para la rendición de cuentas; el incumplimiento por parte de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información; las fallas en el diseño de la institucionalidad estatal; y, en fin, el incumplimiento de la normatividad vigente (la anomia).

Por ello, como si no se tratara de un fenómeno social en extremo complejo cuya presencia se pierde en la noche de los tiempos y que no se puede entender al margen del origen y de la evolución del Estado, se echa de menos que -en un mundo cada vez más globalizado e integrado- ese cáncer social es una manifestación que cobra especiales dimensiones para atravesar tanto lo público como lo privado. Incluso, se desconoce que el asunto se debe mirar desde la perspectiva de la política criminal, de cara a hacer algunas reflexiones que alimenten el debate en un país urgido de unas precisas directrices que jalonen estas materias.

Tampoco se indica que una de las herramientas para enfrentar la corruptela es abanderar la lucha contra la pobreza galopante (sin que el progreso económico, por sí mismo, conlleve unos niveles de transparencia óptimos), para lo cual se requieren reformas estructurales que toquen todos los cimientos del entramado social en los diversos planos. Esa es la razón por la cual no se le explica al país entero que, con la decrépita conformación del Estado, acosado por el gigantismo, la burocracia, la improvisación, el desgreño administrativo, la centralización, etc., muy poco se puede avanzar en la erradicación de ese mal.

Por eso, toda la avalancha legislativa existente en esta materia -que es jalonada por políticos e improvisados legisladores- está condenada al más estruendoso fracaso, porque las normativas diseñadas no se aplican en la realidad y solo sirven para acallar a la opinión pública y captar la atención del electorado. Llegó, entonces, la hora de decirle al colectivo social que esa profusa creación de normas contra la corrupción no resuelve, por sí sola y como por arte de magia, todos y cada uno de los agudos problemas de la vida nacional.

La autoritaria propuesta del Fiscal General, entonces, es más de lo mismo porque solo piensa en incrementar las penas, crear nuevas figuras punibles borrosas y gaseosas (por ejemplo, criminaliza la conducta de los particulares que con conocimiento previo no denuncien los hechos de corrupción), e introducir mecanismos procesales que lastiman de forma grave las debilitadas garantías penales. ¡La calentura no está en las sábanas!.

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