Rudolf Hommes
Columnista

Rudolf Hommes

Publicado el 16 de abril de 2018

Estado que resta

Asombra el grado de frustración de algunos empresarios con el gobierno y la incapacidad que han desarrollado de comunicarse y de actuar coordinadamente para resolver problemas que pueden afectar negativamente la inversión y el desarrollo de ciertas actividades o regiones. Presento a continuación dos ejemplos para ilustrar el problema, que es generalizado.

Un empresario de finca raíz tenía un lote en un sector relativamente estancado de su ciudad y decidió emprender una obra en dos etapas (edificios) que va a tener un impacto muy favorable sobre la zona y puede rescatar varias manzanas deprimidas alrededor. Después de iniciada la primera etapa y estando la obra avanzada, la ciudad triplicó el avalúo del lote y el promotor tiene que pagar un impuesto predial mayor, como consecuencia de la inversión que él mismo ha emprendido. Está furioso porque no comprende cómo lo desestimulan, al punto de haber perdido el entusiasmo para adelantarla. El alcalde de la ciudad lo ha oído, pero es relativamente impotente porque los técnicos dicen que modificar el avalúo les acarrearía a ellos o al alcalde problemas legales, hasta penales. Es una situación en la que ambas partes tienen la razón pero que le causa un perjuicio enorme a la ciudad porque lo que deja de recibir es muy superior al impuesto adicional que se quiere cobrar.

El que se encuentra en la peor situación es el alcalde que quiere que el proyecto se desarrolle en su totalidad, ve el perjuicio, y sin embargo no tiene herramientas para resolverlo. El embajador de un país europeo que conoce la situación le aconseja al empresario irse a su país a emprender esas obras. Allá pueden los alcaldes decidir sobre las condiciones que les otorgan a los empresarios para que realicen las inversiones en sus ciudades y no las hagan en el país vecino. Podría dar varios otros ejemplos en los que las normas obligan a los funcionarios a proteger el árbol y no el bosque.

Otro caso ilustrativo es el de un empresario que exporta una o dos veces al año un producto de mucho contenido técnico que llama la atención que se produzca en Colombia por su sofisticación. Como su empresa está localizada en el interior del país tiene que exportar por Cartagena o por Buenaventura y para hacerlo se acoge a un procedimiento en el que el trámite aduanero se realiza en la ciudad de origen y se envía el contenedor sellado al puerto para que se embarque a su destino. Pero aparentemente los narcotraficantes hacen uso de esa misma ruta y cuando el contenedor sellado llega al puesto, a pesar de que se cuenta con escáner, someten a la carga a inspección física. El importador extranjero recibe la cara en condiciones que no cumplen con sus estándares de calidad. Y el exportador, que no tiene con quién hablar para resolver su problema, deja de exportar, como les ha sucedido a exportadores de muebles y flores exóticas, entre otros.

Nos enfrentamos a un Estado que resta. Dos elementos esenciales para crecer es poder invertir y poder exportar. Hay que reinventar al gobierno, no solamente al empresario, y esto requiere en primer lugar que empresarios y funcionarios encuentren la forma de trabajar juntos, no como adversarios.

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