Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 21 de abril de 2017

GRAVE DESCONOCIMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES REGIONALES

No se trata de discutir, ni de poner en duda la calidad personal y profesional de quienes han sido postulados para ocupar importantes posiciones judiciales. Todos ellos, muchos buenos amigos nuestros, gozan de prestigio y pueden ejercer sus funciones con lujo de competencia.

El tema de análisis es otro bien diferente. Se trata de levantar, desde la denominada provincia, una enérgica voz de protesta, por el tratamiento que vienen soportando las universidades de región y en particular sus facultades de Derecho.

El presidente de la República presentó las dos ternas que le corresponden, para la elección por parte del Senado, de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional.

Por otra parte, algunos medios nacionales han publicado una lista de candidatos para la conformación de los órganos superiores de la Jurisdicción Especial de Paz.

El análisis de ambos listados permite llegar a una cuestionable conclusión para las regiones. Los órganos de Gobierno y algunos medios de comunicación de carácter nacional, consideran que solo merecen ser postulados para esas altas responsabilidades judiciales, quienes han cursado sus estudios en las cuatro o cinco universidades ubicadas en el “centro del centro” de Bogotá, particularmente entre las calles 10 y 45, arriba de la carrera 7; pareciera que las demás universidades no están en capacidad de atender los grandes retos nacionales.

Entendemos que el Presidente ejerció su legítimo derecho de postulación, sin que exista ilegalidad por escoger candidatos provenientes de las universidades de renombre en Bogotá. Pero lo censurable y lamentable es creer y hacer creer, que en la “provincia” no hay profesionales de excelente calidad.

El Ministerio de Educación, con todos los honores que el caso ameritaba, acaba de reconocer a la Pontificia Bolivariana la acreditación en alta calidad académica para un periodo de ocho años. Igual sucedió el año anterior, con su prestigiosa Facultad de Derecho. Pero, de qué sirve que desde las distintas instancias del Gobierno se reconozca la calidad académica de las universidades locales, si a la hora de la designación de altos servidores, son miradas con desdén u olvido.

Quien actúe en el medio académico, no puede ignorar la calidad histórica de los egresados de la Universidad de Antioquia, el esfuerzo académico de la Universidad Autónoma, los desarrollos de Eafit y el CES, así como el prestigio de la Universidad de Medellín, por no mencionar sino unas cuantas de nuestro departamento, sin referirme, por delicadeza, a los profesionales de alta calidad de nuestra UPB.

Este juicio de valor puede hacerse extensivo a muchas universidades públicas y privadas de distintos territorios, como Atlántico, Santanderes, Valle, viejo Caldas y otras zonas.

Lo lamentable es el silencio y resignación de los colegios de abogados y universidades locales, así como de la clase dirigente territorial.

A nuestros congresistas debemos pedirles que al momento de proceder a la elección de nuevos magistrados para la Corte Constitucional, por lo menos levanten su voz de protesta y dejen constancia del valor y calidad de las universidad regionales.

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