Los derechos son costosos porque su realización presupone una organización institucional, que debe ser sostenida por los contribuyentes para que el Estado realice cada uno de los derechos. Los derechos negativos y los derechos sociales presuponen una compleja maquinaria que asegura su ejercicio a los ciudadanos y los obliga, a la vez, al pago de impuestos.
De esto se sigue: I) como los derechos son costosos, nunca podrían ser garantizados si los ciudadanos no pagan responsablemente los impuestos que el Estado impone; II) los derechos no podrán ser garantizados si los funcionarios no son lo suficientemente responsables para usar los impuestos para los fines públicos, en lugar de destinarlos a su enriquecimiento privado.
“El impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos. Sin impuestos no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar” (Piketty). Las políticas impositivas que adopte cada Estado determinan su mayor o menor preocupación por aspectos como salud, educación, trabajo, jubilación. Después de la Segunda Guerra las políticas impositivas progresivas, que gravaron con tasas más altas a los más ricos y más bajas a los más pobres, produjeron, en los Estados de bienestar, una disminución de las desigualdades.
Desde 1970, con la globalización neoliberal, se ha dado un crecimiento de las desigualdades a nivel global. La élite financiera de las grandes empresas, captura hoy la mayoría de las ganancias de productividad del capital y el trabajo. Los ingresos de los más ricos han aumentado y los de los más pobres disminuyen. Esto está determinado por un cambio radical en la política de impuestos que exime los ingresos del capital de los impuestos y desconoce las obligaciones del régimen progresivo del impuesto sobre el ingreso.
En Colombia tenemos la misma situación. Los beneficios tributarios, que han sido concebidos para incentivar determinados sectores económicos, a fin de que realicen un conjunto de actividades de interés nacional, se han convertido en un medio para privilegiar algunos sectores sociales: el financiero y el minero-energético. El sector financiero recibió en 2013 beneficios tributarios por el orden de los 14,3 billones de pesos, y el minero recibió más de $14,9 billones en tratamientos preferenciales en el impuesto.
Dada esta situación es muy difícil para el Estado tener los recursos para cumplir las obligaciones relacionadas con salud, educación, etc. En el paro de maestros se demandó un incremento de los salarios del 28 %. Según el Sistema Universitario Estatal del MEN, en 2012 la desfinanciación de las universidades públicas llegó a 11,3 billones de pesos. Hay una gran injusticia: 29.2 billones de beneficios tributarios para la élite financiera-energética y no hay 13 billones para educación.
La estructura de la desigualdad en Colombia no se podrá superar si se mantienen las políticas impositivas que reducen el impuesto sobre los beneficios de las empresas y se exceptúan los dividendos y otros ingresos financieros del régimen impositivo. Tendremos que aceptar que la política fiscal no es solo de recursos, sino también de redistribución del gasto público y de una política equitativa de beneficios tributarios.
*Director del Instituto de Filosofía de la U. de Antioquia.