Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 01 de agosto de 2018

Jefe de Estado (de opinión)

La tradición caudillista colombiana, urna de personajes como Jorge Eliécer Gaitán y Gustavo Rojas Pinilla, salta a la vanguardia del populismo mundial con una innovación: alocuciones expresidenciales. Interrumpen sus transmisiones las emisoras de más alto rating (con un par de excepciones) para transformarse en el eco directo de un expresidente... ¡Desde un picadero! —“Circo y teatro Hato chico”, versa un aviso interior—.

La conferencia de prensa convocada por Álvaro Uribe sobre una de las investigaciones que le adelanta la Corte Suprema de Justicia es el segundo acto de la estrategia distractora que comenzó con su trino de renuncia al Senado y que corrobora la médula de su doctrina: “El Estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho”.

¡Bienvenidos al pasado!

Cuando se radicó el proyecto de referendo reeleccionista, La Silla Vacía reveló que el entonces presidente había sostenido la tesis del “Estado de opinión” en 103 discursos, artículos y entrevistas.

¿Qué es “Estado de opinión”?

Según Uribe, “en los Estados de opinión el control más importante es el de la opinión”.

¿Qué quiere decir?

Que la voluntad de las mayorías está por encima de la Constitución: el Estado social de derecho pasa a un segundo plano. ¡La dictadura de las mayorías!

¿Qué implica?

En agosto de 2009, Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia, explicó: “El Estado de Opinión autorizaría [...] que un presidente popular, como Chávez o Uribe, invoque su arraigo popular para desconocer las restricciones constitucionales y los controles judiciales”. Y advirtió: “Es aún más riesgoso si no hay una ciudadanía activa y crítica dispuesta a ejercer control”.

“La idea de que las mayorías encarnan la democracia es una concepción política primitiva, raíz filosófica del fascismo y el nacionalsocialismo”, señaló Álvaro Forero, director de la Fundación Liderazgo y Democracia.

En un breve ensayo, el profesor Guillermo Hoyos, doctor en filosofía, expuso algunas consecuencias del “Estado de opinión” del gobierno Uribe: “[...] intensificación de la guerra interna y provocación de la externa con las consecuencias obvias de empobrecimiento de la gente, desplazamiento y dificultades económicas de toda índole; espionaje y contraespionaje desde el centro del poder; falsos positivos, que para el Jefe del Estado de opinión son sólo un chantaje para amedrentar a los soldados de la patria. En una palabra, desprestigio de la política e instalación de la parapolítica”.

Al sembrar dudas sobre la CSJ y la magistrada auxiliar Sandra Yepes, el expresidente (y Palomas mensajeras) ambienta el Estado de opinión para invocarlo en su beneficio.

El Estado de opinión convierte en “persecución política” los 23 procesos que contra Uribe tiene bajo su responsabilidad la CSJ y los 186 de la Comisión de acusaciones. Por su cuenta, pasaron casi desapercibidos el contenido del auto y lo fundamental: por primera vez en nuestra historia, un expresidente es llamado a indagatoria por la CSJ.

Dados el poder y popularidad de Uribe, esta es una prueba de fuego para la institucionalidad y para el periodismo. De la valoración de las fuentes y ponderación en el cubrimiento periodístico depende que el “presidente eterno” se convierta en lo que realmente es: un expresidente investigado penalmente.

Aceptar sin rey ni despecho... “nadie es eterno en el mundo”.

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