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La clase política colombiana –aunque no exclusivamente, por supuesto- se sostiene por un inventario de reglas informales que tácitamente mantienen el equilibrio entre las fuentes, el ejercicio y el acceso al poder político. Por eso resulta tan particular –y traumático- cuando ese equilibrio se rompe y la clase política se desgarra ella misma en una lucha interna por validar su posición frente al resto de la sociedad.
Lo primero es aclarar que no todo el que “hace política” o se relaciona con esta hace parte de la clase política. Hay que compartir unos espacios, técnicas y preocupaciones particulares para entrar a ella. Es como un club donde todos se conocen los secretos complicados de todos, pero por la supervivencia del club, sus miembros solo se atacan dentro de unos parámetros aceptables.
Por eso no sorprende que Colombia sea el país de América Latina que más insatisfecho está con su política. De acuerdo con la firma encuestadora internacional Pew Research Center, solo el 24 % de los colombianos se sienten satisfechos con la manera como funciona el sistema político nacional (datos de 2014). Dieciséis puntos porcentuales por debajo del promedio latinoamericano de 40 %, y siendo el país con la segunda insatisfacción más alta de toda la muestra de cuarenta países en desarrollo, solo superado por Líbano.
A estas percepciones de los colombianos no las ayuda la reciente crisis de la clase política colombiana. Aunque el “incidente” que generó todo esto data de la elección de Juan Manuel Santos en 2010 –y su posterior pelea con el uribismo-, los últimos meses han visto una renovada actividad en el enfrentamiento entre las fuerzas del presidente Santos y las del senador Uribe.
Y aunque el nuevo momento ha sido desencadenado por la entrega de María del Pilar Hurtado en Panamá, la respuesta cíclica de ambas partes ha llevado a un escalamiento en el conflicto entre ambas facciones que de nuevo reúne acusaciones de corrupción, giras internacionales para pedir garantías de oposición y un repertorio renovado de chismes, suposiciones y verdades a medias –a veces mentiras completas- entregadas por ráfagas de tuits y notas de prensa.
Es como si todos dentro de la clase política se hubieran puesto de acuerdo para mostrar las cartas (la mugre) que tenían guardadas de los demás.
Esta crisis de la ruptura de las reglas de juego de la clase política puede traer un beneficio inesperado: abrir el espacio para nuevas fuerzas, muchas de ellas solo con influencia regional. Por supuesto, este espacio funciona para cualquier nueva fuerza, las que han estado haciendo la tarea con juicio, pero también las que simplemente pretenden remplazar a los de siempre en la depredación del Estado.
Esa posibilidad de perder el apoyo ciudadano –una realidad validada por las encuestas de imagen de personajes públicos en Colombia- debería ser suficiente incentivo para detener el fratricidio de la clase política, pero es improbable que alguna de las partes decida desescalar unánimemente el enfrentamiento.
Y el problema es que en la clase política colombiana nadie está a salvo, porque nadie es inocente.
