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La calidad de la política internacional del régimen revolucionario bolivariano es comparable a la de su política económica. Si bien las consecuencias de los desaciertos económicos adquieren visibilidad cotidiana por su impacto sobre el bienestar de la población, los costos de un manejo diplomático torpe pueden pasar desapercibidos por algún tiempo para amplios sectores de la opinión pública. Algunos de esos costos se empiezan a hacer evidentes cuando a la percepción externa de una economía al borde de la insolvencia se agrega la imagen de un gobierno impopular y atrabiliario.
Nicolás Maduro respondió en forma burda a la asistencia de tres estadistas latinoamericanos a un foro en Caracas sobre participación democrática. El intento de los expresidentes Andrés Pastrana, de Colombia, y Sebastián Piñera, de Chile, de visitar en la cárcel al dirigente opositor Leopoldo López fue rechazado. Las críticas formuladas al régimen, por medio de caricaturas y artículos en publicaciones de Colombia y España han sido interpretadas como una conspiración internacional.
Las autoridades venezolanas no parecen estar conscientes del deterioro que ha sufrido la imagen del Socialismo del Siglo XXI. La hegemonía comunicacional que le permite al régimen distorsionar los hechos a nivel interno, no sirve para encubrir la descripción de la actualidad política y económica en los medios de comunicación internacionales. La denominada guerra económica es la que Maduro y sus cómplices le han declarado a los venezolanos. El supuesto golpe que le atribuyen a la oposición democrática es en realidad el que ellos mismos han perpetuado contra el Estado de Derecho, las libertades individuales y los derechos humanos.
Un ingrediente del discurso anti-imperialista del régimen es la acusación de que los problemas de escasez y carestía en Venezuela se originan en un plan de agresión económica dirigido desde Washington. Ése sería un esfuerzo superfluo por parte del gobierno de Estados Unidos. El proyecto de arruinar la economía venezolana ha sido implementado, con lujo de competencia, por los ideólogos de la Revolución Bolivariana, sin necesidad de asistencia externa.
El presidente Obama ha autorizado la cancelación de visas y cuentas bancarias a funcionarios venezolanos culpables de delitos contra los derechos humanos. Habida cuenta de la violencia oficial desplegada para reprimir las manifestaciones de inconformidad civil, esta sanción puede considerarse moderada. Para Maduro, esa decisión equivale a una agresión contra Venezuela que ameritaría recibir un tratamiento multilateral. Le encargó al secretario general de Unasur mediar entre su gobierno y el de Washington para tratar de normalizar la relación bilateral. Tuvo la perspicacia de asignarle esa tarea diplomática a un interlocutor que carece de visa para ingresar a Estados Unidos.
Más allá del aspecto procedimental, resulta pertinente cuestionar la justificación de Unasur como caja de resonancia internacional del autoritarismo bolivariano. La hostilidad contra Estados Unidos y la solidaridad con la represión, no pueden convertirse en la razón de ser de Unasur. Este es un tema que adquiere particular relevancia para los gobiernos comprometidos con la defensa de los principios de la democracia liberal.
