El pasado martes el Fiscal General ordenó compulsar copias de la actuación que da cuenta de posibles conductas criminales realizadas por algunos aforados y expresidentes de la Corte Suprema, a raíz de los hechos develados en las reuniones de junio en Miami entre el exgobernador de Córdoba, un exfuncionario suyo (¡el ex director de la Unidad Anticorrupción!) y un pestífero abogado en ejercicio, de cuyas conversaciones se infiere un dificilísimo capítulo de corrupción judicial que hace tambalear a ese organismo y extiende sus groseros tentáculos a las demás ramas del poder público. La Corte Suprema acudió de inmediato al llamado y, en uso de sus propias competencias, dio traslado de las diligencias a la mortecina Comisión de Acusaciones de la...