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El 2018 ha sido el año más violento para la prensa en la última década. En nuestro país no solo fueron secuestrados y asesinados por guerrilleros disidentes de las Farc tres periodistas del diario El Comercio, de Ecuador, sino que hubo 477 violaciones a la libertad de prensa y más de 600 víctimas. Nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra la prensa. Además, 256 periodistas fueron amenazados.
Estas son algunas de las conclusiones del informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa ―Flip― publicado esta semana con motivo de la celebración del Día del Periodista.
El título del documento ― “Prensa acorralada: un juego de violentos y poderosos”― resume el difícil momento por el que atraviesa el ejercicio del periodismo. Según la Flip, desde 2006, cuando esa organización comenzó a hacer registros anuales de los atentados contra la libertad de prensa, nunca en Colombia se habían presentado tantos desafueros como en 2018.
El informe sostiene que “los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia”.
La Flip acusó a los funcionarios públicos y los líderes políticos por su desinterés en garantizar un ejercicio libre del trabajo periodístico y denunció que, incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia.
Entre esos funcionarios, destacó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a quien señaló como uno de esos agresores, al “atacar, estigmatizar y burlarse de los periodistas encargados de cubrir el debate de control político en el Congreso” por su cuestionado papel en el caso Odebrecht.
También lamentó que el discurso público de algunos líderes políticos y algunas autoridades en ejercicio hayan consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa. La vulnerabilidad de los periodistas ante estos ataques, según la Flip, aumenta cuando la estigmatización proviene de figuras públicas que cuentan con audiencias importantes.
La organización registró 38 casos de acoso judicial en los que funcionarios o personajes públicos buscaron acallar a la prensa en los tribunales, presentando denuncias penales, tutelas, demandas civiles e, incluso, simplemente amenazando públicamente con emprender acciones legales contra los periodistas. En su mayoría, los autores de los acosos fueron funcionarios públicos vinculados a casos de corrupción.
La Flip llamó la atención sobre la avalancha de proyectos de ley que pueden acrecentar los riesgos para el ejercicio de un periodismo libre. Ocho de ellos ya han sido presentados en el Congreso y buscan controlar el uso de las redes sociales, censurar contenidos legítimos por violar supuestamente el derecho a la intimidad y bloquear contenidos en internet.
El proyecto más preocupante, según la Flip, es el de la llamada ley TIC que “otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores”.
Por último, el informe deploró la impunidad en los crímenes cometidos contra periodistas: de 158 homicidios registrados hasta 2018, solo en un caso se ha condenado a todos los criminales; en cuatro, a los autores intelectuales y en 28, a los autores materiales. Mientras tanto, 125 crímenes siguen en completa impunidad.
Me duelen la violencia y los desafueros contra los periodistas denunciados en este informe. Pero me duelen más el silencio y la indiferencia con que son recibidos documentos como este donde se cuenta la terrible realidad que enfrenta hoy nuestra prensa.
