Por Daniel González Monery
Universidad del Atlántico
Lic. en Ciencias Sociales. 8° semestre
moneri11@hotmail.com
En un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente, la sociedad colombiana vio reunida la inconformidad y espíritu combativo no solo de los estudiantes, sino de docentes y miembros de todo el sistema educativo, que ha visto el mayor cese de actividades académicas conocido hasta ahora, impulsado gracias a los valientes estudiantes y que tuvo sin funcionamiento a las 32 instituciones de educación superior públicas. Por primera vez, la educación pública de nuestro país, representada por estudiantes tanto de las instituciones de educación básica y medias oficiales, así como de las instituciones públicas de educación superior e instituciones privadas, estuvieron de acuerdo en confluir de manera categórica en contra del histórico recorte que se le ha venido haciendo al sector de la educación dentro del presupuesto general de la nación que se asigna anualmente.
A pesar de que en un primer acercamiento sobre este fenómeno se reconocería que el desfinanciamiento que padece la universidad pública tiene un impacto negativo sobre la tasa de matrícula y el acceso a la educación superior para los sectores más vulnerables de la población, y dilata al mismo tiempo las posibilidades de adopción de procesos institucionales y sistemáticos en la investigación científica y tecnológica, una segunda y cuidadosa observación sobre el déficit histórico de inversión, nos pone a las puertas de la corrupción administrativa y la carencia de un manejo ético de los recursos públicos.
La lógica de los datos nos indica que, en lo referente a los aspectos misionales de las universidades, están muy lejos de cumplirse, lo que genera el ejercicio de una educación profesionalizante que impide la construcción de un importante volumen de conocimiento científico, que al mismo tiempo pueda traducirse en desarrollos tecnológicos y aporten de manera significativa a la creación de la riqueza económica de Colombia y al crecimiento de nuestro PIB.
La corrupción ha deteriorado la gobernabilidad de las universidades públicas, afectando el normal funcionamiento de la actividad académica. Sin embargo, estas prácticas irregulares no se han contrarrestado con los mecanismos de contrapesos legales que tienen a su disposición los organismos nacionales de control y vigilancia.
*Taller de Opinión es un proyecto de
El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión
joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades
e instituciones vinculadas con el proyecto.