Los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, se convirtieron en la nueva chequera por la cual atraviesan los intereses de alcaldes, equipos de gobierno y asesores municipales.
Es sencillo: un POT determina dónde se puede, o no, construir vivienda (desde interés social hasta suntuaria), dónde se pueden o no ejecutar desarrollos comerciales e industriales, dónde se puede o no levantar vivienda en altura. Y sirven esos planes, entre muchos otros atributos, para reducir o aumentar los factores de valor de los predios.
Entienden, lectores, de lo que hablamos: de que los alcaldes y sus concejos se toparon con el mejor de los negocios en el “desarrollo” de sus municipios: “esto se puede aquí, esto no se puede allá”... El asunto está en mirar de quién...