Los números hablan: al viernes 11 de enero, Medellín registraba 23 homicidios, poco más de 2 asesinatos por día. El incremento, en relación con el mismo período de 2018, es del 175%. Pero esos muertos, en su mayoría jóvenes, no son solo estadísticas. Eran habitantes de una ciudad que lucha desesperada y decidida por dejar atrás su estigma de violencia y criminalidad.
Los primeros responsables de contener y enfrentar este inicio de año cruzado por balas y cadáveres son, en su orden, el alcalde Federico Gutiérrez, su secretario de Seguridad Andrés Tobón y el comandante de la Policía Metropolitana Óscar Gómez Heredia (saliente) y Eliécer Camacho Jiménez (entrante).
Hay que reconocer los golpes dados a las estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá durante los tres últimos años. No ha habido tregua, es cierto, y la lista, que sobrepasa los 120 jefes altos y medios capturados, debe estar en el contexto y el análisis de por qué hay guerras entre algunas facciones descabezadas e incluso con disputas internas entre quienes se pelean por heredar el mando y los negocios y rentas criminales.
Pero Medellín debe enfocarse no solo en capturar a peligrosos capos de la delincuencia organizada —lo cual es necesario por su importancia práctica y simbólica— sino que debe dar saltos cualitativos en la intervención a fondo de zonas críticas como la Comuna 13 y la Comuna 8, esta última la más violenta de la ciudad en lo que va del año.
Esa estrategia debe pasar por revisar no solo las operaciones policiales, su modelo y plan de intervención en estos “teatros de conflicto urbano”, muy en especial contra bandas históricas (desde Los Chicos Malos 70-80) como las de Caicedo, y otras con cierta formación miliciana como las de La 13 (Independencias, 20 de Julio, La Loma, La Divisa) sino que debe recibir el respaldo en bloque de los demás componentes del gobierno municipal. El trabajo intenso por la cultura de la legalidad, con ofertas ciertas y posibles de estudio, trabajo y escuelas de artes y deportes que de verdad desestimulen en los muchachos tomar opciones de ilegalidad.
Por lo pronto, debe haber fuerza operativa visible y ofensiva (retenes, patrullajes, acoso al microtráfico y sus redes, intervención de puntos calientes) y de inteligencia (ubicación de nuevos jefes y enlaces y “sedes” clave) para frenar una racha que desde muy temprano amenaza con que Medellín vuelva a ver crecer sus cifras de homicidio al final de 2019.
En el último año de gobierno, Gutiérrez y su gabinete deben demostrar que las políticas trazadas fueron acertadas y eficaces, y que le dejaron a la ciudad un nuevo período de superación y cambio, de esfuerzo y persistencia por alejarse, un poco más, de esa urbe sangrienta de otros tiempos .