Marta Lucía Ramírez
Columnista

Marta Lucía Ramírez

Publicado el 01 de diciembre de 2016

NADIE POR ENCIMA DE LAS NORMAS

Viajé ayer a Buenos Aires para participar en un foro sobre las perspectivas de América Latina, y al preguntar a un taxista cómo va el Gobierno Macri, me contestó parco: “La gente no entiende que las decisiones están en la política y que Argentina necesita que cambie la política, ¡pero sobre todo que cambie la sociedad!”.

Muy sabia afirmación, le dije y él continuó: “Cada partido político tiene sus características particulares: unos aprovechan más que otros el manejo del Estado en beneficio propio o de sus amigos y camarillas, pero hay algunos que le dan un poco más al pueblo. El populismo hace que el pueblo raso se acomode al que más le dé subsidios y cosas regaladas, pero la responsabilidad la tiene también esa sociedad que los elige o aquella que se margina porque no le gusta la política y permite que otros elijan a los que se aprovechan del Estado”.

Y siguió: “Acá en Argentina han cambiado las reglas según lo que interesa al poder de turno en el corto plazo. Ahora todos están molestos con lo que se dice que sucedió en los gobiernos Kirchner, pero desde hace años se advertían decisiones arbitrarias dizque por fines nobles y a favor del pueblo, pero ningún mandatario puede estar por encima de las normas por muy nobles que sean los fines. La sociedad sigue sin entender que todo depende de la política y que por eso hay que meterse a fondo con lo que sucede en la política. ¿Con el pueblo cada vez más escéptico y desconfiado y con unas reglas que se acomodan a lo que quiere el gobierno, quién va a querer invertir, ni trabajar, ni competir contra el resto del mundo?”. De pronto sentí que mi interlocutor había empezado a hablar de Colombia...

Ahora cuando nuestro Congreso “refrendará” el nuevo acuerdo con las farc, debemos insistir en que no tiene esa facultad dentro de las competencias que le señala la ley y que hay que pensar con responsabilidad en las consecuencias futuras de manejar las instituciones y el concepto del Estado de Derecho a la medida de los afanes y criterios del gobernante de turno.

Si no lograron los negociadores con las farc que el nuevo acuerdo satisfaga en los temas de reclusión; en su relación de causalidad con la aspiración a cargos de elección popular y en asegurarse que solo lo relacionado con el DIH haga parte del bloque de constitucionalidad, solo al pueblo le compete la decisión de ratificar ese acuerdo que tendrá efectos políticos y jurídicos para nuestra democracia.

Si el Gobierno quiere mostrar las bondades del acuerdo negociado, bien podría implementar de inmediato todo lo relacionado con los capítulos de tierras, narcotráfico, desminado y concentración de las farc en las zonas veredales. Así las cosas, se aplazaría el desarme hasta que el pueblo refrende al menos esos tres temas mediante un referendo que se incluya como papeleta adicional en las elecciones del Congreso de 2018.

De esta manera, se mantendrían los efectos positivos del cese al fuego, se permitiría al pueblo la última palabra sin incurrir de nuevo en los gastos de $400.000.000.000 que costó el plebiscito, nos evitaríamos más polarización y se fortalecería la institucionalidad cumpliendo las reglas, independientemente de la bondad de los fines que se invocan para incumplirlas .

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