Rafael Nieto Loaiza
Columnista

Rafael Nieto Loaiza

Publicado el 21 de mayo de 2018

¡NI UNA NORMA MÁS!

Guillermo Botero, director de Fenalco, afirmó hace unos días que si el entrante Congreso de la República quería hacer un aporte sustantivo esta legislatura debía, en lugar de hacer nuevas leyes, “eliminar más de once mil regulaciones que son inútiles y que le restan competitividad al país. Esa debe ser la prioridad” y agregó que “el sector productivo no aguanta una norma más”.

Vivimos en una maraña caótica e incomprensible de regulaciones que se expanden cada día. Según Planeación Nacional, se expiden quince normas diarias, de las cuales tres son decretos, es decir, 5.475 normas al año y 1.095 decretos, solo en el gobierno central. Por eso no debe sorprender que el Índice de Complejidad Financiera 2018 calificara a Colombia como el octavo país más complejo del mundo en cumplimiento financiero y trámites burocráticos y que ocupemos el deshonroso puesto 123 entre 137 países con regulación más costosa.

Semejante selva regulatoria genera inseguridad jurídica e innumerables problemas y costos. Los ciudadanos y las empresas se ven a gatas para saber cuáles son las normas que regulan sus actividades y tienen que incurrir en gastos de abogados, contadores y asesores de todo tipo para que los guíen en el cumplimiento de las mismas. Los jueces y magistrados sustentan decisiones contradictorias con base en las diferentes normas que regulan las mismas conductas y sumergen al ciudadano en un mar de incertidumbre.

Además, la frondosa producción normativa aumenta la burocracia. Con frecuencia las normas exigen nuevos funcionarios para asegurar su implementación. En ocasiones, como las relacionadas con el pacto con las Farc, no solo se necesitan funcionarios adicionales, sino que hay que crear varias y muy costosas entidades.

No es menos cierto que con cada norma adicional se abre la puerta a otras formas de corrupción. Detrás de cada inciso hay una oportunidad para que un empleado público extorsione al ciudadano obligado a cumplir o haga interpretaciones abusivas de la norma. Basta mirar otra vez lo que viene ocurriendo con la implementación del ya citado pacto con la guerrilla, objeto de transacciones non sanctas entre funcionarios públicos, autoridades municipales y “tramitadores”.

Para rematar, cuando las normas son nacionales muchas veces necesitan regulación adicional en los niveles inferiores a través de resoluciones y circulares, aumentando la producción normativa y haciendo más complejo el entramado.

¿Las causas de este fenómeno? Varias, empezando por la tradición leguleya y por el imaginario típicamente nuestro que supone que basta con expedir una norma para cambiar la realidad. La respuesta ha sido devastadora: “la ley se acata pero no se cumple”. Si para rematar el sistema de administración de justicia no opera y el incumplimiento queda sin sanción, el resultado es devastador. Se siembra la percepción de que no cumplir la ley, de que violarla, no trae consecuencia, haciendo un daño irreparable a la cultura de la legalidad.

Para rematar está también la creencia tan socialista, y tan profundamente equivocada de que la actividad económica es más eficiente en tanto sea más regulada desde el Estado. El resultado en realidad es exactamente el contrario: hacer empresa, generar riqueza, crear empleo, es cada vez más difícil y más costoso. El exceso normativo se ha convertido en un obstáculo enorme para la productividad. El “costo regulatorio” de la economía es un cuello de botella que debemos superar si queremos ser un país desarrollado, superar la pobreza y disminuir la inequidad. Alguna cosa se ha intentado antes, pero todo ha sido parcial y sin duda insuficiente. Ahora cursa en el Congreso un proyecto de ley para la depuración normativa. Confiemos en que sea profundo y comprensivo. ¡Es urgente!

***

La pretensión de la sección de revisión de la JEP de “suspender” el trámite de extradición de Santrich excede las competencias de ese tribunal, es contraria a la Constitución y a la ley, constituye un delito de prevaricato y prueba que la JEP es un engendro mal diseñado, con “magistrados” que no dan garantías de imparcialidad y que tiene una clarísima inclinación a favorecer a los criminales de las Farc.

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