Michael Reed Hurtado
Columnista

Michael Reed Hurtado

Publicado el 04 de mayo de 2015

¿Palabras urgentes?

La Corte Constitucional notificó hace pocas semanas una decisión macabra sobre el estado de los derechos de los presos en Colombia. Decidió que el sistema carcelario presenta un estado de cosas que es contrario a la Constitución porque: las autoridades carcelarias han institucionalizado prácticas inconstitucionales; los derechos de los presos son violados de manera masiva y generalizada; y la situación sólo puede ser superada mediante la intervención de todo el aparato estatal.

El balance que hace la Corte es tenebroso; su clamor es por la defensa de los derechos de los presos; y sus palabras parecen urgentes. Los presos abrazan el amparo y esperan que sus condiciones de vida mejoren. El gobierno hace maromas para seguir escondiendo la crueldad y el sufrimiento humano. La Corte, en sus círculos, recibirá congratulaciones por tan generosa decisión.

¡La Corte que defiende los derechos tomó una decisión trascendental!

Puede que así sea, pero la Corte debe explicaciones por su ineficiente administración de justicia y el uso de palabras tan urgentes que riñen con el silencio cómplice que mantuvo durante casi dos años, antes de notificar la decisión (T-388/13). ¡Aquí hubo retención ilegal de un fallo!

La pomposa decisión tomada el 28 de junio de 2013 se notificó 636 días calendario después de la decisión. Todos sabemos que la Corte tiene problemas, que su trabajo es complejo y que se instaló una nefasta maña de comunicar decisiones por comunicado y no por fallo. Pero, en esta ocasión, la situación es distinta y algo huele muy mal.

Consideren los tiempos utilizados en otras decisiones de similar envergadura: por ejemplo, al decidir el primer estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria (T-153/98), la Corte tardó seis días en notificar la decisión; o en el caso del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento (T-025/04), la Corte tomó 15 días.

Puede ser cierto (y entendible) que el volumen de casos que la Corte considera ha crecido y que, como resultado, ahora, tarde un poco más en las notificaciones. Por lo tanto, consideren los tiempos que utilizó para notificar otras decisiones tomadas en 2013 sobre los derechos de los presos. En noviembre de ese año, la Corte decidió una tutela sobre los derechos de las personas privadas de libertad en La Picota (T-815/13): tardó 92 días en notificar el fallo. Pocos días después, tomó otra decisión sobre los derechos de los presos en la cárcel de Jericó, Antioquia (T-861/13): en ese caso, demoró 67 días en notificar.

Retomemos la decisión que ahora conmueve a la opinión pública: el nuevo estado de cosas inconstitucional. Las quejas que dieron origen a esa decisión fueron presentadas por presos entre mayo de 2011 (Valledupar) y septiembre de 2012 (Barrancabermeja). La Corte que protege derechos no tuvo problema en dejar a los presos esperando durante cuatro años. Más allá de la gravedad y de la urgencia que transmite su declaratoria, la Corte es cómplice por negligencia extrema en el deterioro de la situación carcelaria. Mientras pasaban los 636 días los presos se pudrían.

La indolencia de la Corte en esta decisión le da un nuevo significado a la ceremoniosa orden de “Cópiese, notifíquese, comuníquese (...) y cúmplase”, firmada por María Victoria Calle, Mauricio González y Luis Guillermo Guerrero.

El estado de cosas inconstitucional se consolidó bajo la mirada de los jueces, quienes no hicieron nada durante años mientras los presos cumplían su tiempo, esperando nada, pudriéndose.

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