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No le valió a Colombia haber hecho una costosa consulta popular para creer que con más de once millones de votos en las urnas –insuficientes para tener ese mandato vida jurídica– empezaba a desmontar los altos niveles de corrupción que se mueven tranquilamente por los despachos públicos del país.
La percepción –no infundada– en la opinión pública es que la corrupción va en aumento. Así lo confirmó a comienzos del año Transparencia Internacional, organismo confiable que mide el comportamiento de los funcionarios en el manejo de los recursos del Estado.
En 2018 el país regresó a los niveles de corrupción que tenía en 2012. Es decir, en vez de mejorar en transparencia y pulcritud en el manejo y vigilancia de los dineros públicos, con tanta alharaca gubernamental para reducirla siquiera “hasta sus justas proporciones”, con tantas leyes y amagos de purificar la administración pública, retrocedió. Para atrás como el cangrejo.
Sobre 100 puntos, que es el tope de honradez, Colombia obtuvo 36. Quedó cerca del punto cero que significa la máxima corrupción. En el escalafón internacional, el país pasó del puesto 96 al 99. Al paso que vamos, y con el escándalo de cada día, podríamos en poco tiempo situarnos como vecinos de Somalia, Siria, Corea del Norte y hasta Venezuela, los más corruptos del globo terráqueo. Esto sería quedar como Estado fallido en lo ético.
Superaron a Colombia en transparencia en el manejo de los dineros públicos en la región, fuera de Canadá y Estados Unidos, países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Argentina, Panamá. Superamos –¡qué grata noticia!– a México, Bolivia, Nicaragua y Venezuela –la nación más corrupta de las tres américas–, cofradía de gobiernos populistas de izquierda que respaldan el régimen corrupto y desvergonzado de Nicolás Maduro. Deshonrosa y triste posición colombiana que hace recordar aquella frase del poeta cartagenero de “diablos, estas cosas dan ganas de llorar”.
Lo grave en Colombia no es solo el hecho de la corrupción. Lo más delicado es la percepción de las gentes de que no hay una reacción inmediata, un combate eficiente, un castigo ejemplar para escarmiento de los agentes de ilícitos. Lo de Odebrecht ha sido una bomba incendiaria, así como las quiebras de firmas en la bolsa de valores. Han causado estragos y alarmas. Han contribuido a que grandes e influyentes sectores de opinión no crean en la eficacia de las instituciones para aplicar una justicia pronta y decidida. Existe la arraigada sensación, corroborada por los hechos, de que la impunidad es un manto que generosa y con inmensa complicidad cubre a todos los factores de la cadena corrupta.
Mientras se nos pone en la picota pública internacional, abundan las recomendaciones y los diagnósticos. Pero no aparecen las terapias que recuperen a este enfermo de cáncer terminal que es la corrupción. Seguimos creyendo ingenuamente que en la abundancia de leyes y disposiciones está la solución. Pareciera que este mal estuviera aferrado a la cultura de la administración pública. Seguimos creyendo que la fiebre está en las sábanas.
