The New York Times
Columnista

The New York Times

Publicado el 18 de julio de 2017

POR QUÉ EL DINERO PRIVADO MEJORA LAS OBRAS PÚBLICAS

Por MARY E. PETERS Y SAMARA BAREND
redaccion@elcolombiano.com.co

El presidente Donald Trump ha anunciado las ideas generales de una ambiciosa agenda de mil millones de dólares para reconstruir las carreteras y puentes desmoronados de Estados Unidos, los anticuados sistemas de agua y los edificios públicos en ruinas. Mientras que el objetivo general de invertir en infraestructura tiene amplio apoyo bipartidista, el llamado de Trump para confiar fuertemente en el financiamiento privado ha sido objeto de fuertes críticas. Como consultores y defensores de tales asociaciones público-privadas, creemos que esos ataques son equivocados.

Los críticos afirman que las asociaciones público-privadas enriquecen a los inversionistas a costa de los contribuyentes, son más costosas y menos responsables, resultan en rescates públicos y hacen poco para ayudar a las áreas rurales. Pero estas afirmaciones ignoran la fuerte evidencia de lo contrario en estados como Pensilvania, Nueva York, Florida, Colorado, Dakota del Norte y California.

El sector privado ya participa en la construcción de nuestra infraestructura, simplemente con fondos públicos. Trump permitiría la inversión privada en esos proyectos por una buena razón: los fondos privados aumentan la rendición de cuentas. Como socio en un proyecto público, el sector privado es responsable de excesos de costos y retrasos y puede ser obligado contractualmente a pagar elevadas multas u otras sanciones cuando los resultados son mediocres.

Si un proyecto está retrasado o por encima del presupuesto, las compañías privadas pagan una buena suma y compensan la diferencia, ya que ellas financiaron ese proyecto. Si un proyecto no es mantenido y operado de acuerdo con normas estrictas durante el proyecto contratado, el sector privado podría pagar multas sustanciales. Lo mismo no sucede a menudo con proyectos financiados solamente con fondos públicos.

Existe una percepción generalizada de que la mayoría de los proyectos de transporte público-privado venden activos o dan a las empresas privadas la autoridad para cobrar peajes. Pero esto no suele ser el caso. De los 18 proyectos de transporte público-privado avanzados desde 2010, solo ocho involucran la transferencia de peaje o el riesgo de ingresos al sector privado. La mayoría de los proyectos implican contratos que pagan a las compañías con base en el rendimiento, no en la recaudación de peajes.

En el 2015, un funcionario de la Oficina de Presupuesto del Congreso declaró que hay “pocas pruebas de que las asociaciones público-privadas proporcionen recursos adicionales para las carreteras”. Sin embargo, esta afirmación ignora las formas en que la financiación privada aumenta la disciplina fiscal y la rendición de cuentas al transferir el riesgo de aumento de costos, los retrasos y el rendimiento de los ingresos del público hacia los inversionistas privados.

Creemos que sociedades público-privadas pueden ayudar a América rural.

Críticas hacia estos proyectos también han sido dirigidas hacia algunos proyectos que han entrado en bancarrota, como evidencia de que hacen daño a los pagadores de impuestos.

Quienes critican las asociaciones tienen un dato correcto: la financiación privada nunca podrá reemplazar por completo la necesidad de fondos estatales y federales. La inversión privada, sin embargo, puede ayudar a aprovechar los dólares públicos limitados pero esenciales hacia proyectos exitosos que se completan antes de lo previsto, a menor costo y con mayor responsabilidad.

Cuando el Congreso empiece a considerar un plan de infraestructura, los miembros deberían explorar seriamente la idea de Trump de usar financiación privada como un catalizador. Los fondos privados por sí solos no van a solucionar las enormes necesidades de infraestructura de nuestra nación, pero tienen que ser parte crítica de la ecuación

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