Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 07 de diciembre de 2018

¿POR QUÉ SE HUNDIÓ LA REFORMA A LA JUSTICIA?

Como lo anticipamos en esta columna, en la noche del 4 de diciembre de 2018 se hundió en el Congreso de la República, el proyecto de reforma a la justicia presentado por el Gobierno Nacional como una de sus más importantes iniciativas. En este estado de cosas vale la pena, con el respeto que merecen los responsables, esbozar algunas de las razones por las cuales fracasó el mencionado proyecto, así:

1. Lo más lamentable es que en realidad nunca se presentó un proyecto integral de reforma a la justicia. El gobierno se limitó a presentar un proyecto relacionado fundamentalmente con las tareas político-administrativas de las Altas Cortes, sus competencias en materia de elección de altos funcionarios del Estado, la organización final de la Jurisdicción Especial de Paz, la creación de un tribunal para aforados y de un posible tribunal electoral. En términos de funciones judiciales, tal vez lo único destacable fue la regulación que quiso formularse sobre el ejercicio de la acción de tutela.

2. Un proyecto de reforma integral a la justicia debe abarcar, fundamentalmente, los temas sustanciales relacionados con el acceso a la justicia, la oportuna resolución de conflictos, la definición de competencias con respecto a pequeñas causas y asuntos atípicos con origen en asuntos tan diferentes, como el auge de los medios electrónicos y los conflictos que suscita la implementación de los acuerdos de paz.

3. Más aún, antes de enfocar estos temas, es necesario que el Gobierno, en sus distintas instancias, considere a fondo lo atinente a la cultura de la legalidad. Los problemas de la justicia deben integrarse con los distintos sistemas de formación social, pues no puede presentarse un proyecto de reforma sin tener en cuenta los agentes que deben participar en los distintos niveles de formación y aceptación del comportamiento ético jurídico. Con este propósito, el proyecto del Ministerio de Justicia debe coordinarse con el Ministerio de Educación y los representantes de distintas fuerzas sociales y académicas. La orientación de los estudios de derecho debe servir de punto de partida para cualquier proyecto de reforma.

4. Otro asunto, sobre el cual no hubo claridad, es el relacionado con los distintos procedimientos necesarios para abordar la reforma. En técnica constitucional, hay que definir con precisión, qué temas deben presentarse, discutirse y aprobarse por el procedimiento propio de una reforma constitucional, cuáles deben ser objeto de ley estatutaria y cuáles, de ley ordinaria. Se trata de distintos procedimientos que de todas maneras deben ser adecuadamente identificados.

5. Un último tema es el relacionado con el manejo de las fuerzas políticas para los debates del (de los) proyecto(s). Toda iniciativa que se tramita ante el órgano legislativo, debe ser adelantada de acuerdo con las distintas fuerzas políticas y agentes sociales y académicos afectados, al interior del Congreso y fuera del mismo. El Gobierno Nacional debe tener presente que todo proyecto de reforma a la justicia, para que sea integral, debe ser producto de consenso.

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