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Sergio Ángel* y Nicolás Liendo**
@angelsergioa
El 26 de julio se dio a conocer la carta en la que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le solicitaba al embajador de Cuba en Colombia “ayuda y solidaridad con una brigada médica con la capacidad de atender 600 unidades de Cuidados Intensivos”. Y aunque su decisión estaba justificada en las necesidades de la ciudad para afrontar el pico de la pandemia, la indignación de los ciudadanos lo llevó a convertirse en tendencia en unas cuantas horas. Aunque el asunto se volvió político y terminó dividiendo a los ciudadanos en torno a la llegada de los cubanos, es preciso ahondar en el asunto y plantearle algunas preguntas al alcalde con base en la información documentada de estas misiones en otros países.
Está largamente documentado por la ONG Prisiones Defenders y reconocido por la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional del Trabajo”. En este sentido, ¿la Alcaldía es consciente de que se están contratando personas en condición de esclavitud? ¿Para afrontar la pandemia el alcalde cree que “todo vale” incluido el trabajo forzoso?
Se han documentado casos de que personas vinculadas a las misiones médicas no tienen formación en áreas de la salud, o no son idóneas para el ejercicio de labores altamente calificadas como las que reclamarían las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Así, ¿cómo piensa garantizar la Alcaldía que todo el personal enviado por Cuba estaría altamente calificado y podría contribuir al manejo de la pandemia?
Se ha documentado que el personal médico que asiste a las misiones cumple funciones esencialmente preventivas y está capacitado para trabajar con comunidades, además se ha demostrado que se han alterado sus documentos originales, cambiando su estado civil para reportar a todos los miembros de la misión como solteros y evitar que viajen con sus familias. Bajo estas circunstancias, ¿qué le garantiza a la Alcaldía que las certificaciones de formación son auténticas si hay alteraciones en otros tipos de documentos? ¿Cómo se va a determinar la idoneidad del personal en orden a garantizar que son especialistas y no médicos comunitarios?
Finalmente, es de anotar que aun cuando el alcalde le pide al embajador su “ayuda y solidaridad”, estas misiones tienen un costo y no es menor. Los 585 “médicos” que asistieron a México en el manejo de la pandemia entre los meses de mayo y julio costaron 6 millones de dólares (135 millones de pesos mexicanos) y en los términos del acuerdo no había una mención explícita al manejo de UCI, solo “capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico y también un conjunto de actividades de asesoría técnica”. Dicho esto ¿el alcalde es consciente de los costos de la misión que está solicitando? ¿Es consciente que ese dinero no lo va a recibir el personal médico, sino el régimen cubano?
* Investigador Principal del programa Cuba, de la Universidad Sergio Arboleda.
** Director Ejecutivo del Programa Cuba, de la Universidad Sergio Arboleda (@liendonicolas)
