La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia hizo pública una carta en la que se refiere a las declaraciones de las directivas de Fedearroz sobre la posición de dicho Ministerio acerca de las importaciones y el contrabando de arroz.
En la misiva, la funcionaria se manifestó a favor de un mercado agrícola más libre, de la necesidad que existe de que los diferentes renglones productivos, incluida la agricultura, sean productivos, innovadores y competitivos y, lo más importante, salió en defensa de los consumidores que se han visto afectados con las exageradas alzas que ha tenido el precio del arroz.
La ministra señaló que “no podemos obligar a las familias colombianas a comprar el arroz más caro del continente como consecuencia de la política de cierre de fronteras que el poderoso gremio arrocero ha promovido por años”. Añadió que “según Fedesarrollo, los precios del arroz en Colombia son sustancialmente más altos que los prevalentes en los mercados internacionales y en otros países de la región”.
En virtud de esta situación, “una familia colombiana de cuatro personas transfiere a Fedearroz alrededor de 30.000 pesos mensuales, entre subsidios y el sobreprecio del producto, que, incluso antes de la reciente disparada de los precios, era ya 60 por ciento más caro que el que consume, por ejemplo, un estadounidense, un peruano o un ecuatoriano”.
Por tanto, “si tan solo se corrigiera el diferencial de precio, cerca de 443.000 personas saldrían de la pobreza extrema y 1,2 millones saldrían de la pobreza en el país, especialmente en zonas rurales”.
Al referirse a la importancia del libre comercio, la nota ministerial señala que “de acuerdo con la ley colombiana, el país debe permitir el libre comercio de arroz con las naciones de la Comunidad Andina desde 1996, y cobrar aranceles reducidos a los países del Mercosur. El sector arrocero lo sabe, pero se ha dedicado a prohibir las importaciones con cabildeo y amenazas de paro”.
La consecuencia de una mayor apertura al comercio y su efecto sobre el bienestar de los consumidores colombianos queda clara cuando se señala que “si en la práctica aplicáramos lo que dice la ley -libre comercio de arroz con nuestros vecinos-, no habría un excedente económico que premiara el contrabando, y los precios del arroz que paga el colombiano de a pie serían significativamente más bajos”.
En la nota se hace una invitación a construir una agenda de trabajo conjunta para conseguir que los productores y los industriales sean más productivos y más competitivos y que de esta forma se “supere[n] el caduco cabildeo y la presión política para preservar sus negocios” a punta de proteccionismo.
Al final, la ministra les plantea a los arroceros una ruta “para innovar, para sofisticarse, para ofrecer el mejor producto al mejor precio a los consumidores locales”.
Frente a la propuesta que han hecho las autoridades sectoriales agrícolas de impulsar la sustitución de importaciones como estrategia de crecimiento (o sea, mantener la protección y los altos precios a los consumidores) cabe preguntarse: ¿en qué queda la posición de la ministra? ¿Qué visión prevalecerá?.