Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 08 de diciembre de 2017

REFORMA A LA JUSTICIA Y ESTUDIOS DE DERECHO (II)

Los problemas que afronta la administración de justicia no se solucionan sólo con reformas a la estructura y funcionamiento de los órganos encargados de administrarla, pues el origen de los conflictos materiales y coyunturales de la justicia, se encuentra más allá de la maquinaria judicial, ya que sus causas se remontan al entorno socio-cultural y se reflejan en la conducta de los distintos agentes responsables del servicio público de la justicia.

Entre los varios factores exógenos con incidencia en la actividad judicial, es necesario hacer énfasis en la falta de claridad en las exigencias del Estado, con respecto a la formación de los profesionales del Derecho. En Colombia funcionan con registro calificado, es decir, con una autorización de funcionamiento por cumplir condiciones mínimas, 183 facultades de derecho, en las que de acuerdo con información del Ministerio de Educación, se encontraban matriculados en el semestre 2016-2 para primer curso, aproximadamente 262.516 estudiantes. De las 183 facultades, sólo 38 han recibido su acreditación en alta calidad. Lo expuesto significa que 145 facultades, que proporcionalmente pueden estar “formando” más de 230.000 nuevos futuros abogados, no cumplen con los requerimientos necesarios para ser acreditadas en calidad.

El problema es más grave, si se observa que la formación de los profesionales del derecho guarda relación directa con los crecientes actos de corrupción que se denuncian en diferentes instancias de la justicia, propios de una sociedad sin un concepto claro sobre su sentido axiológico, en la que el hombre moral preocupado por el concepto ético de la verdad, ha sido reemplazado por el hombre comercial, educado en el escenario de la posverdad, en el que prima la expresión populista concebida como retórica del poder.

No existe una política de Estado para la construcción de una sociedad a partir de un sistema de educación basado en valores. Las exigencias conceptuales e instrumentales para la acreditación en alta calidad, así como el esquema de las pruebas saber pro a las que se someten todos los egresados de estudios universitarios, no obedecen a una clara valoración ética sobre dignidad, solidaridad y realización de sistemas de incorporación social. Por el contrario, las políticas públicas y los programas aprobados de acuerdo con ellas, continúan favoreciendo una educación cuya principal preocupación consiste en dar respuesta a necesidades de carácter individual.

Dentro de este esquema, no parece existir un verdadero propósito hacia la formación de abogados con vocación de servicio social, partidarios de sistemas alternativos de justicia, formados con sentido de solidaridad y proyección comunitaria, que conciban su profesión como resultado de una vocación y ejercicio de un apostolado. La ausencia de estos principios éticos rectores de la conducta, más la falta de formación en ellos por parte de la sociedad y de la mayor parte de centros universitarios, hacen que cualquier proyecto de reforma judicial, se limite a aportar algunos retoques marginales a un problema que es más profundo y no se soluciona únicamente con medidas instrumentales.

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