La necesidad de una profunda reforma al sistema de administración de justicia es ya vieja. Al menos media docena de proyectos se han hundido en los últimos quince años. La mayoría de ellos por cuenta de las altas cortes que, a pesar de que los hechos gritan por el cambio, se niegan de manera sistemática a dejarse reformar.
Los problemas son evidentes: la Constitucional asumió, por vía de su doctrina de los “pilares de la Constitución”, funciones de poder constituyente y reemplazó hace rato al Congreso. Por esa vía, se politizó. Como consecuencia, conscientes de que el poder real se había desplazado del parlamento a la Corte, los partidos políticos y los jefes de gobierno intentaron controlar la corporación nominando abogados que fueran simpatizantes...
