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Publicado el 03 de septiembre de 2018

RETIRO DEL SERVICIO A LOS 70 AÑOS

Por GUILLERMO E. ARISMENDY DÍAZ
guiarismendy@yahoo.es

Sin asomo de vergüenza, la Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de declarar exequible la Ley 1821 de 2016 que aumentó hasta los 70 años la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos. Sin embargo, detrás de la bondad de la norma, existieron intereses para que los altos dignatarios de la justicia y otros servidores públicos pudieran atornillarse en sus cargos hasta la extrema vejez.

Esa norma no se expidió para quienes reciben bajos salarios. Pero quienes reciben 30 millones o más al mes como salario, no se quieren pensionar con la mitad de ese ingreso. Entendible. Lo que va a ocurrir es que los que están en esos cargos adquieren el derecho de atornillarse hasta los 70 años sin que las nuevas generaciones puedan acceder a esas dignidades.

Grave para la promoción de los funcionarios públicos que, una norma como esa, cocinada sabe Dios al fragor de qué intereses, amarre a ciertos empleadillos a sus puestos, hasta la edad de 70 años. Las oportunidades para que otros pudieran acceder a esos cargos, que hoy se veía posible por el arribo a la edad de retiro forzoso a la edad de 65 años, ya no ocurrirá.

Hasta hoy, era esperanzador que al llegar a los 65 años de edad, los titulares de los mejores cargos oficiales se hicieran a un lado para que otros, con iguales derechos y oportunidades, pudieran acceder a esas dignidades. Ahora, lo que se viene es un cuestionable estancamiento en el acceso a ciertos puestos oficiales y la imposibilidad de que la promoción social y profesional contribuya a los mejores logros de la organización social. Los que están en los mejores cargos oficiales, ahora podrán quedarse hasta el fin de los tiempos, por cuenta de la confirmación interesada de la norma en cuestión.

Con esa norma, ya bendecida por la Corte Constitucional, cualquier malpensado podría preguntarse: ¿cuáles fueron las motivaciones gubernamentales en el régimen anterior para la expedición de la ley? Lo más lógico y razonable es el deseo de jubilarse a temprana edad por parte de los individuos. Pero cuando hay ingresos de 30 millones de pesos y más, ¿quién puede querer dejar una silla de esas? Y otra pregunta: ¿será que de esa manera negociaron canonjías o favores para atornillarse a sus cargos los funcionarios de las ramas del poder público de mayores ingresos? (¿mermelada, tal vez?).

El tema se ha registrado con pasmosa discreción en los medios, pero el daño que con esa norma se causa a quienes quieren acceder a los cargos de mejor remuneración en Colombia, en edad de razonable madurez, es enorme. Amanecerá y veremos. Pobre país.

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