Michael Reed Hurtado
Columnista

Michael Reed Hurtado

Publicado el 20 de marzo de 2017

Ruina carcelaria, ¿motivo de jubileo?

Las cárceles están olvidadas. Los presos gritan pero los muros contienen. La infamia encerrada no molesta: esa es una de las funciones de la cárcel.

No hay solución a la vista. Los políticos no quieren tocar el problema; pero al ver réditos para la contienda política se aprovechan del botín.

Mediante evocaciones cristianas y razones humanitarias, Roy Barreras y Armando Benedetti se presentan como salvadores. Justificándose en la práctica pasada, apelan a la próxima visita del pontífice romano para declarar el jubileo. Promueven una medida legislativa (PL 215-2017 Senado) para conceder beneficios de libertad y rebajas punitivas; con ella, dicen que contribuirán a resolver los problemas de la prisión. Argumentan que la visita del Papa “es la oportunidad para dar una nueva oportunidad a cientos de personas que han pagado parte de la pena que les fue impuesta por el Estado”.

No sé qué sea más indignante, si la mentira de que con esta medida hacen algo para resolver el problema crónico de la sobrepoblación carcelaria, o la explotación política de la indulgencia a personas sometidas a la administración de justicia penal. Obviamente, estos prohombres quieren sus votos.

A la defensa de los presos también salió el ministro de Justicia. Su rebaja es un tris más indulgente, pero el marco temporal más reducido (PL 216-2017 Senado). La lista de conductas que quedarían excluidas del beneficio es más exhaustiva, y su exposición de motivos es más verbosa y delirante. Concluye después de varias páginas que esta “actividad legislativa con connotación religiosa” está constitucionalmente permitida si se respalda en otros fundamentos.

Expone, mediante un peregrino ejercicio de planeación por escenarios, el impacto que distintos grados de rebaja de pena tendrían sobre el censo de la población carcelaria en un marco temporal que se extiende hasta 2050. Las cifras reflejadas son, en el mejor de los casos, álgebra básica, aunque se parecen más a lo que los científicos llaman “ciencia lunática” (weird science). Los cálculos son planos y las proyecciones lineales, como si lo único que fuera a incidir sobre el desempeño del sistema penal y el mundo carcelario fuese la fantástica y fanática rebaja. Dado el análisis “científico” concluye que “en esta ocasión se ha adoptado el criterio de una rebaja de penas de una quinta parte (20 %) (...)”.

En entrevista pública, el ministro expresó: “Queremos aliviar la crisis humanitaria que se presenta al interior de las cárceles. Este proyecto se fundamenta desde un punto de vista del derecho internacional de factores humanísticos, de sensibilidad y de rehabilitación de la pena, además buscamos un modelo de justicia transicional, nueva forma de justicia que nos invita a una reflexión y a que cambiemos la forma de pensar en cuanto a temas penitenciarios (...)”. El sancocho que está vendiendo nada tiene que ver con el derecho internacional ni con la justicia transicional. ¡No hay derecho!

Aprobada esta medida –y lo será– el ministro y los congresistas se dedicarán a su propio jubileo. Podrán ignorar lo que pasa en las prisiones colombianas durante un buen rato –hasta la próxima vez que se prenda una cárcel.

Soy consciente de que los presos y sus familias quieren esta rebaja; locos estarían si no buscan todas las formas para salir del infierno. Sin embargo, el jubileo distrae y posterga aún más la atención a un problema que tiene poco de religioso y mucho de ilegalidad y olvido.

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