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Publicado el 16 de abril de 2018

SANTRICH: ¡EL ESPECTÁCULO CONTINÚA!

Mucho revuelo causó la captura de Jesús Santrich y tres individuos más (uno de ellos el sobrino de Iván Márquez, al parecer “dueño” de los dineros de la paz), el nueve de abril y en pleno aniversario de El Bogotazo, acusados de conspirar para enviar cocaína al norte del continente y como producto de una circular roja de Interpol, ante pedido del Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el día cuatro. Desde luego, semejante hecho amerita algunas reflexiones máxime sí, como diría Guy Debord, “el espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante” y “es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana”.

En efecto, los voceros de los afectados hablan de un “plan orquestado por los Estados Unidos” porque se trata de una operación encubierta de la DEA, en cuya virtud y gracias a la cuestionable figura del agente provocador, se les pusieron algunos cebitos para coger a aquellos “con las manos en la masa”; en esto la maquinaria judicial gringa es experta como lo demuestran múltiples casos que, como éste, terminan bajo su jurisdicción.

Por supuesto, que se trate de un delito inducido no le quita toda la trascendencia a la grave conducta que ese “montaje de la torcida justicia estadounidense” (así hablan las Farc) devela, porque pone de presente algo evidente: esa organización criminal, que ahora se arropa tras los mantos de la “legalidad burguesa”, ha tenido como uno de sus canales de financiación el tráfico ilegal de drogas prohibidas. Y, con posterioridad a los acuerdos, algunos de sus miembros santificados o revestidos de la aureola propia de los ángeles, siguen en su labor de traficar.

Así mismo, después del show “jurídico” armado con base en inexistentes dotes de gran jurista por parte de la señora Linares de la JEP, quien pretende que la “Nueva Justicia” es la “única” competente para pronunciarse en relación con un posible comportamiento criminal realizado después de la fecha de los llamados “acuerdos de paz”, también queda algo claro: si los hechos se realizaron en el territorio patrio (¡aquí se entregaron por lo menos y como “muestra” cinco kilos de cocaína!), a los capturados se les debe poner de inmediato a disposición de nuestras autoridades para que les abran proceso penal.

En Colombia, aunque casi siempre sucede lo contrario, impera el principio de territorialidad en cuya virtud “la ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional” (Código Penal, artículo 14); o sea: el axioma fundante es la aplicación de la ley penal nacional y la excepción (¡no la norma general!) es acudir a mecanismos propios del derecho internacional como la extradición.

Por supuesto, ya lo dirán los jueces mediáticos que se apoderaron del debate jurídico penal (esos que, a diario, de forma morbosa, se levantan a practicar pruebas a las seis de la mañana y a las tres de la tarde emiten veredicto a través del micrófono), a Santrich y sus socios se les “tiene” que extraditar porque aquí la justicia penal es corrupta, inoperante, etc., cosa que no sucede con aquella. Y, claro, en este mismo vagón se montan quienes solo respiran odio cuando se habla de los nuevos pacificadores.

En fin, para hablar de este último asunto, que mucho duele a la comunidad internacional y a quienes todavía añoran un país donde se pueda salir a pescar de noche, este dificilísimo hecho pone en jaque al llamado proceso de paz; la credibilidad de los actores, incluido el presidente de la República, es ahora nula, así éste haya dicho el lunes (¡cosa distinta sucedió el miércoles!) que no le “temblará la mano” para extraditar a los capturados. Claro, esas primigenias afirmaciones preocupan: ¡como esos procedimientos duran muchos meses puede inferirse que él no entregará la presidencia el siete de agosto!.

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