Rafael Nieto Loaiza
Columnista

Rafael Nieto Loaiza

Publicado el 16 de abril de 2018

SANTRICH Y LA COCA

En videos y audios grabados por la DEA, y por el testimonio de un infiltrado de esa agencia norteamericana, queda probado inequívocamente que entre junio de 2017 y abril de este año Jesús Santrich, representante a la Cámara por las Farc, y Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, negociaron el envío de diez toneladas de coca a cambio de quince millones de dólares, que recibieron cinco millones de dólares como pago adelantado, y que la captura de Santrich tuvo que acelerarse porque fue advertido de que le estaban haciendo seguimiento por un policía y se corría el riesgo de dañar toda la operación.

Las Farc aseguraron que “con la captura el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso” y que “la detención hace parte de un plan orquestado por el Gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana”. Santos sostuvo que “si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables— hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del Acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema”.

El interino Alto Comisionado de Naciones Unidas recordó que el acto legislativo sobre justicia transicional en su artículo transitorio 19, relativo a la extradición, establece que “cuando se alegue, respecto de un integrante de las Farc-ep, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con posterioridad a la firma del Acuerdo Final, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.

Patricia Linares, presidente de la JEP, confirmó la competencia de esa jurisdicción para revisar el caso y definir si los hechos fueron cometidos después de la firma del Acuerdo.

La sala de revisión de la JEP tendrá que reconfirmar que los hechos son posteriores a la firma del acuerdo y enviar el caso a la Corte Suprema.

La Suprema deberá autorizar la extradición y Santos deberá ejecutarla. Santrich, además, debe perder todos los beneficios pactados en el acuerdo. Por otro lado, se debe aplicar la figura de la “silla vacía. Como las Farc habían designado a Santrich para ocupar una de las cinco curules que Santos les regaló en la Cámara, la perderán.

Preguntas: ¿de dónde iban a sacar Santrich y Marín las diez toneladas de coca? Los indicios señalan que de Gentil Duarte, “disidente” de las Farc. Eso supondría el vínculo de al menos un comandante de las Farc y el sobrino de otro con las supuestas “disidencias”. Y permite volver a preguntar si tales “disidencias” no son en realidad parte de una estrategia de las Farc para aprovechar todos los beneficios del pacto con Santos y al mismo tiempo las ventajas de mantener un brazo armado vinculado a la criminalidad y en particular al narcotráfico y la minería ilegal. Además, es indispensable resolver la duda de si las actividades de Santrich y Marín actuaban a nombre de su organización. ¿Hay otros comandantes de las Farc involucrados?

Por otro lado, ¿y qué pasa con nuestras autoridades judiciales y de inteligencia? ¿Porqué otra vez son los norteamericanos quienes entregan la información? ¿Porqué todo ocurrió en las narices de los escoltas de Santrich? ¿Quizás porque todos son “reinsertados”? ¿Quién fue el policía traidor que informó a los bandidos de la operación? ¿Era un infiltrado de las Farc o simplemente un corrupto? ¿De qué nivel? Gravísimo es que haya filtraciones en operaciones de semejante nivel.

Por último, los hechos son una prueba más de que nos asistía la razón a quienes manifestábamos dudas sobre el pacto con las Farc, a quienes hemos advertido que mientras que vivamos en un mar de coca no cesará la violencia en Colombia, y a quienes sostenemos que las Farc no están cumpliendo con lo acordado.

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