Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 27 de abril de 2018

SER PILO PAGA: POLÍTICA DE ESTADO

Podemos estar o no de acuerdo con la gestión adelantada por la administración cuyo periodo está próximo a vencer, pero no cabe duda que uno de sus grandes logros, en términos de política social de inclusión, es el programa “ser pilo paga”.

La Constitución Política bajo una orientación personalista (el centro del orden normativo es la persona) y naturalista (la normatividad va más allá del texto positivo escrito), dispone que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los principios inherentes a la persona y de sus derechos constitucionales, entre los que se encuentra el de la educación, cuyo desarrollo adecuado se convierte además en un deber superior del Estado, la sociedad y la familia.

En cumplimiento de los anteriores supuestos, el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos implementó el programa “ser pilo paga”, cuya principal virtud consiste en permitir a estudiantes de escasos recursos, estratos sociales bajos y regiones apartadas, la posibilidad de acceder a una educación universitaria de calidad. Se trata de un ambicioso programa de inclusión, que seguramente deberá perfeccionarse sin que pierda su esencia, que es favorecer el acceso a una educación de calidad a quienes en otras circunstancias no tendrían oportunidad de hacerlo.

Con un presupuesto de $155.000 millones en el primer año y $374.000 millones para el segundo, el programa espera beneficiar un promedio de 10.000 jóvenes al año, para llegar al final del segundo cuatrienio a 40.000. Para acceder al programa, que se adelanta a través de convenios con universidades públicas y privadas debidamente acreditadas, el estudiante debe obtener un alto puntaje en las pruebas saber 11.

El ingreso al programa hace que los beneficiarios puedan sentir que son parte de la sociedad, con las mismas aspiraciones y anhelos de cualquier joven. Es un premio para quienes se han destacado en sus estudios y una oportunidad, quizás la única, de ingresar a una universidad de reconocido nivel, ascender en su medio social, participar de un futuro profesional de importancia y llegar a adquirir la formación necesaria para ingresar a las altas estructuras de la administración pública y privada.

Dos de las principales virtudes del programa consisten en respetar la libertad del estudiante para escoger la universidad y el programa académico, de acuerdo con su vocación y necesidades, y premiar a las instituciones de educación superior que por su seriedad, rigorismo y calidad académica obtuvieron del Ministerio de Educación la acreditación institucional.

Un programa de esta naturaleza, con reconocidas bondades, no puede ser objeto de controversia en medio de apasionados debates propios de una campaña política por la Presidencia de la República; por el contrario, debe dejar de ser un programa de gobierno y convertirse en una política de Estado con vocación de permanencia y respeto por sus elementos universales básicos, que son el estímulo a los mejores estudiantes de escasos recursos, principalmente de regiones apartadas y el apoyo a las universidades acreditadas en alta calidad académica.

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