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En comunicación social, lo ideal es que exista plena correspondencia entre lo simbólico y lo real. Lo anterior quiere decir, que en un sistema normativo óptimo, lo que la norma expresa a través de los símbolos propios de la semántica, debe corresponder a lo que quiere significar la disposición.
Por distintas circunstancias, jurídicas, políticas y sociales, suelen presentarse desajustes entre lo que la norma expresa y lo que realmente quiere regular. Esta discordancia se observa, por ejemplo, en varios textos normativos de la Constitución, al punto de convertirse en una especie de técnica obligada para la redacción de las disposiciones constitucionales. Por ejemplo, cuando el constituyente de 1991 entró a regular el tema de los derechos y libertades constitucionales, era claro que no bastaba con una extensa declaración de los mismos, ni con una moderna consagración de acciones para su protección directa, sino que era necesario reconocer expresamente que los derechos no eran absolutos sino relativos y por tanto, deberían ser susceptibles de limitaciones y regulaciones.
Sin embargo, teniendo en cuenta el momento que se vivía en el país, ningún constituyente iba a proponer una disposición que permitiera limitar la expresión de los derechos, razón por la cual había que acudir a la técnica constitucional del desajuste entre lo que dice la norma y lo que realmente quiere decir. En otras palabras, había que redactar una disposición, que sin mencionar la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos, realmente consagrara esa realidad. En efecto, en el artículo 214 de la Carta, que contiene una serie de reglas aplicables a los decretos de estados de excepción, el constituyente dispuso que durante dichos estados “no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales”. Es decir, cuando la norma dispone que no pueden suspenderse los derechos ni las libertades, implícitamente está afirmando que sí se pueden limitar y regular, como efectivamente ha sucedido. La técnica es sutil, pero son muchas las disposiciones constitucionales cuyo enunciado juega a la discordancia entre lo simbólico y lo real, entre lo que el texto dice y lo que realmente quiere decir.
En política, la discordancia entre las palabras y su significado es de común ocurrencia, al punto que puede definirse como el arte de decir mentiras para alcanzar y mantener el poder y crear falsos niveles de optimismo en la población. Los mensajes discordantes se repiten constantemente. Es común que ante diferentes actos de terrorismo, por crueles y repetidos que sean, las autoridades se limiten a afirmar que se trata de eventos aislados producto de unas cuantas mentes enfermas. También, frente a situaciones de violencia, como las que se vienen presentado en el país, esas mismas autoridades dicen que se trata de unos cuantos desadaptados y así sucesivamente.
Una cosa es el esquema de la mentira política en términos de la doctrina de Platón, otra cosa en que la discordancia entre palabras y hechos, conduzcan a una especie de permanente mentira, que sólo genera confusión y desconfianza
