viernes
7 y 9
7 y 9
Los recientes casos de corrupción en el Perú despertaron una especie de conciencia colectiva de rechazo a toda clase de conducta calificada como corrupta, no sólo por violación de la ley penal y administrativa, sino por desconocimiento de principios constitucionales, éticos y de equidad, es decir, la denominada integridad colectiva.
El gobierno actual, impulsado y apoyado por diferentes movimientos sociales de rechazo al flagelo de la corrupción, asumió un importante liderazgo, materializado con la expedición del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado el 26 de abril de 2018, por medio del cual se “aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, resultado del trabajo adelantado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)” integrada “por los titulares de las principales entidades públicas, del sector privado y sociedad civil vinculados a la lucha contra la corrupción y el fomento de la integridad”, cuyo objeto principal consiste en “articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país”.
El decreto destaca, por una parte, la participación de representantes de todos los sectores sociales, convocados para construir un gran acuerdo nacional para la Integridad; y en segundo lugar, que uno de sus primeros objetivos consiste en diseñar mecanismos para recuperar esa integridad. Es decir, no se trató de expedir un simple estatuto con normas punitivas, sino de crear un sistema con un capítulo central destinado a “promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los/las servidores/as civiles y en la ciudadanía”.
En más de una ocasión hemos afirmado en esta columna que el primer paso para la implementación de una política anticorrupción, consiste en recuperar la cultura de la legalidad y la ética, tal cual lo dispone el Plan Nacional Peruano de Integridad.
En este tema, el Plan propone: (i) Aprobar un currículo de educación básica que incorpore valores y principios éticos para propiciar una cultura de integridad. (ii) Promover contenidos orientados a la promoción de principios éticos y valores ciudadanos en todos los centros de educación técnico para la formación integral de sus estudiantes. (iii) Desarrollar iniciativas y mecanismos para la sensibilización sobre valores, ética pública, transparencia, acceso a la información pública y promoción de la denuncia. (iv) Clarificar las funciones y responsabilidades de los organismos que participan en la gestión de la ética pública y las políticas de conflictos de intereses (v) Elaborar guías de orientación y promover la identificación y tratamiento de dilemas éticos que enfrentan los servidores civiles (vi) Garantizar la transparencia y el fácil acceso a los registros de visitas y agendas oficiales de los principales funcionarios, en los que debe identificarse los visitantes. (vii) Adecuar el marco normativo en materia de integridad de acuerdo con los estándares de la OCDE, en temas como declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, declaración jurada de intereses y un nuevo modelo para la regulación de la gestión de intereses.
