Luis Fernando Álvarez
Columnista

Luis Fernando Álvarez

Publicado el 09 de febrero de 2018

SOCIEDAD Y DERECHO

El orden es natural a los seres, cualquiera sea su naturaleza. Por disposición original, el universo responde a un llamado natural al orden.

El azar o el desorden significan destrucción y negación, el orden construcción y afirmación. La sola disposición del cosmos y el movimiento de los planetas, constituyen manifestación evidente de que el orden es inherente a la existencia. Lo contrario al orden sería el caos, que por no ser natural, debe ser provocado por fuerzas extrañas, como la desafortunada mano del hombre mediante el uso de artefactos de destrucción.

También desde la antigüedad la vida del hombre en sociedad exige de reglas y normas de distinta índole y diferentes fuentes, con el fin de garantizar el mínimo de orden que posibilite la convivencia y el desarrollo de la civilización. Hay reglas inherentes a la naturaleza misma del ser, su origen divino o natural, cualquiera sea su significado, son una expresión de su necesidad para existir y subsistir en relaciones sociales.

A través de los siglos el hombre ha indagado por el principio y naturaleza de esas normas y sus nexos con el ejercicio de la autoridad. El origen divino del poder de los reyes, convertidos en guías espirituales y materiales, marcó un importante momento en la historia de la humanidad. El racionalismo, el movimiento filosófico político de los enciclopedistas y expresiones como la revolución francesa, hicieron que el poder se concibiera como una manifestación de la razón y las normas como expresión de la voluntad soberana de los pueblos.

El Derecho deja de tomarse como un instrumento ligado a lo sobrenatural, para ser calculado como obra humana, producto del pensamiento de los hombres y de la voluntad de los ciudadanos. Bajo estos presupuestos la sociedad moderna se vincula en su existencia y desarrollo, a la presencia de un orden jurídico.

Independientemente de la concepción que se tenga, el derecho expresado en la norma expedida por el órgano competente, se convierte en factor decisivo para la convivencia. No se concibe una sociedad moderna que no se regule por normas jurídicas legítimamente expedidas.

Por lo expuesto, preocupan por su gravedad, los datos que se presentan como resultado de una investigación adelantada por la Corporación Dejusticia, titulada “Ante la Justicia. Necesidades jurídicas insatisfechas en Colombia”. Entre otros informes, el estudio muestra que en general en Colombia ante un conflicto jurídico, las personas involucradas en el mismo prefieren en un alto porcentaje dejar el asunto tal cual, renunciando a cualquier forma de arreglo; otro importante porcentaje busca solucionarlo directamente; un tercer grupo, también en un alto número, toma la decisión de valerse de medios privados, cordiales o violentos, para obtener su solución; también algunos acuden directamente a las autoridades administrativas y sólo un mínimo porcentaje, que en ocasiones no supera el 3 %, decide acudir ante los jueces.

Un índice lamentable que obliga a replantear el papel de las Facultades de Derecho, de las estructuras judiciales y de todo lo relacionado con la institucionalidad de la justicia.

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