Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 14 de febrero de 2018

Tres

Yolanda es una viuda de 34 años que trabaja al límite de sus fuerzas para mantener a sus cuatro hijos. Todos los días camina al trabajo desde su casa, en Belén Rincón, hasta el suroriente de la ciudad.

Además de alimentar, educar y vestir a sus niños, carga con un peso adicional...

Dos de sus hijas están tristes: entre el sábado y el domingo pasados, fueron encontrados los cadáveres de tres menores edad y un joven de 18 años. Uno de los muertos era un compañero de colegio de las niñas, otro era un vecino de la cuadra.

Yolanda hace eco de los susurros del barrio: en los bares y las esquinas acechan paramilitares. Han repartido volantes que amenazan con “limpieza social”.

Ella se pregunta: “Si mi hijo de nueve años sale de la escuela y en el camino a la casa unos hombres le dicen que lleve un paquete a otro lado, ¿cómo va a decir que no?”.

A esos niños que cargan “paquetes” después los agreden o matan de otro bando por haber obedecido órdenes.

Hace dos días se conmemoró el Día de la Mano Roja, iniciativa mundial contra el reclutamiento de niños. En ese contexto, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) publicó el informe “Una guerra sin edad”, el cual da cuenta de cómo entre 1958 y 2016, 16.879 niños han engrosado las filas del conflicto colombiano.

En primer lugar hay que decir que el reclutamiento de menores siempre es forzado. Pese a que la cifra central del informe es escandalosa, revela un subregistro. Entre otras razones porque, a partir de los años noventa, se incrementaron las denuncias por el reconocimiento del delito.

No sorprende que, a pesar del desarme, el informe señale a las Farc como quienes más reclutaron.

Vale resaltar dos puntos del registro: primero, los grupos armados posdesmovilización siguen reclutando, presionan a familias a las que les hacen préstamos gota a gota, y cuando no tienen con qué pagar les piden un niño a cambio.

En segundo lugar las prácticas irregulares por parte de las fuerzas del Estado: reclutan niños a través de campañas cívico-militares (que persisten a pesar de estar prohibidas), a veces solicitan a los rectores de colegios los listados de grado once (con menores de 18) o la vinculación directa. Antiguos paramilitares dicen haber prestado servicio a los 15 o 16 años.

Lo peor es que hay solo tres casos documentados de reclutamiento en el país por parte de la fuerza pública. Katherine López, investigadora del CNMH, dijo a El Espectador que solo existen tres porque “el Estado no puede registrar algo que está incumpliendo” y “no hay una organización encargada de documentarlo”.

¿Acaso estos tres asesinatos selectivos de niños están relacionados con actividades de reclutamiento de menores por parte de ilegales? ¿Cómo resignarnos a que la fuerza pública solo declare tres casos de reclutamiento de menores en toda su historia?

Somos ágiles para juzgar a los menores de edad y clamar para que los “castiguen como adultos”, pero lentísimos para reconocer a fondo el flagelo del reclutamiento infantil... ese que le roba el sueño a personas buenas y humildes como Yolanda.

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