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La entrega de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, ante una comisión de la Fiscalía General de la Nación en Panamá es el último capítulo de una larga historia de abusos y crímenes cometidos por funcionarios de esta agencia de inteligencia del Estado a lo largo de muchos años, desde su creación en la década de 1950, durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, hasta su liquidación por orden del gobierno en octubre de 2011.
Durante su medio siglo de vida, agentes del Servicio de Inteligencia Colombiano y de su sucesor, el Departamento Administrativo de Seguridad, estuvieron involucrados en persecuciones y asesinatos de sindicalistas y líderes de la oposición, atentados, nexos con grupos paramilitares, revelación de secretos de Estado y violación ilícita de comunicaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, parlamentarios, periodistas y dirigentes políticos.
La exdirectora del DAS se entregó a las autoridades colombianas un día después de que la Interpol expidiera una orden de captura internacional en la que se le acusa por los delitos de concierto para delinquir, peculado, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La funcionaria se hallaba en Panamá desde noviembre de 2011, amparada por el asilo territorial otorgado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. Este fue revocado por la Corte Suprema de ese país.
Por esta razón la Fiscalía tuvo que acusarla en ausencia durante el proceso judicial contra funcionarios del DAS por las interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Suprema en el que ya han sido condenados Fernando Tabares, director de Inteligencia; Jorge Lagos, jefe de Contrainteligencia; Martha Inés Leal, subdirectora de Análisis, y otros funcionarios y agentes. Para la Fiscalía, ellos hicieron parte de una “empresa criminal” dirigida a desprestigiar a los opositores del gobierno y a poner en tela de juicio el comportamiento de los magistrados de la Corte Suprema, y en especial del magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez, encargado de las investigaciones por la parapolítica.
La historia del DAS es un asunto tenebroso. En 2011, la Corte Suprema condenó a su director, Jorge Noguera, a 25 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado; el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis; y la destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos. Noguera fue el iniciador de las interceptaciones ilegales a políticos y dirigentes de oposición y según los testimonios recogidos durante su juicio “puso el DAS al servicio de los paramilitares”.
Su subdirector, José Miguel Narváez, está en prisión acusado de haber sido instructor y colaborador de grupos paramilitares y ser uno de los responsables del crimen del humorista Jaime Garzón.
Que esta historia es un asunto tenebroso lo demuestra una investigación realizada por la revista Semana en los archivos del DAS en 2011. Según la revista, agentes de esa institución estuvieron involucrados en el atentado con carrobomba en 2005 contra el entonces senador Germán Vargas Lleras y en un atentado con rockets contra el zar de las esmeraldas Víctor Carranza, en 2010. Agentes de la sección Antiexplosivos también participaron en el entrenamiento de grupos paramilitares a los que, además, les suministraban información para asesinar a sindicalistas y defensores de derechos humanos. El DAS también se vio involucrado en los crímenes de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ocurridos en 1989 y 1990.
Estoy de acuerdo con la conclusión de Semana, aunque produce escalofrío: “El DAS, la principal agencia de inteligencia del Estado, se convirtió en una máquina al servicio del crimen”. Ojalá este sea el último capítulo de esa historia.
