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Un fiscal que deba favores, politizado o con amigos influyentes –subyugado por el poder económico, de las “altas esferas” –, no tiene opción distinta a obedecer a sus compromisos personales y no a los públicos.
¿Cómo reconocer a un fiscal obediente?
El Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación por la “detención ilegal e injusta” de Alfredo Correa de Andreis, ocurrida hace quince años.
El sociólogo de 53 años, profesor de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla), trabajaba en un proyecto sobre la necesidad de reconocimiento como víctimas a los desplazados en la Costa Atlántica. En el año 2004, los paramilitares rotaron en la zona Caribe una lista negra que amenazaba a 35 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Alfredo Correa de Andreis ocupaba un renglón.
En aquella época, los organismos de inteligencia operaban de una manera que el periodismo bien ha repasado: se creaba una narración en torno a quien buscaban incriminar, lo detenían, lo dejaban libre por falta de pruebas en su contra y, una vez en la calle, los paramilitares hacían el resto de la mano de organismos del Estado.
A través de informes del DAS, remitidos a la Fiscalía General de la Nación, se señaló al profesor como presunto ideólogo de las Farc. La Fiscalía 36 Seccional de Cartagena emprendió una investigación penal en su contra por rebelión y procedió con la medida de aseguramiento.
Correa de Andreis estuvo tras las rejas entre junio y julio de 2004. Recuperó la libertad después de comprobar que estaba con su familia y en el trabajo durante las fechas en las que, según los testigos en su contra, realizaba actividades en campamentos guerrilleros.
En septiembre, un sicario lo asesinó. En noviembre, precluyó la investigación en su contra.
En el año 2013, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó que el DAS ofreciera disculpas públicas.
En su reciente pronunciamiento, el Consejo de Estado determinó que la utilización de los servicios de inteligencia del extinto DAS (que seguía y fotografiaba ilegalmente a su señalado) y la extralimitación de las funciones de la Fiscalía fueron un abuso de poder. De paso, cuestionó al ente acusador por haber actuado con base en un prejuicio sobre el profesor por sus intereses investigativos. (En el año 2018, desde su cuenta de Twitter, Álvaro Uribe intentó reinstalar el mismo tipo de prejuicio en el discurso público con señalamientos a catedráticos).
El alto tribunal determinó que la Fiscalía ignoró las herramientas procesales para profundizar en el caso y concluyó que Correa de Andreis sufrió un perjuicio “de carácter anormal, injusto y consecuencia de un comportamiento irregular imputable a la Fiscalía”.
Hasta el momento, hay cinco condenas por este crimen, incluyendo la del exdirector del DAS, Jorge Noguera. Con la condena por su detención, culmina una etapa más de la lucha de los familiares de Correa de Andreis: la reparación administrativa del daño causado. Recuperar la honra mancillada.
Ahora van por el fiscal, aquel que le obedeció a su época.
Anhelo que cuando sea publicada esta columna, otro fiscal, el General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, haya caído bajo la presión ciudadana. Pero eso no sucederá: él solo le obedece a su época. #RenuncieFiscal.
