Es comprensible que las partes en el Acuerdo Final de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 –el Presidente de la República, como jefe de Estado, y las Farc-EP– se preocupen por el respeto futuro de sus cláusulas, obligaciones y derechos allí contemplados.
Es una preocupación legítima, en cuanto, tras más de medio siglo de violencia y enfrentamiento armado, hay una gran fragilidad de los pactos y una justificada desconfianza de parte y parte, dadas las experiencias del pasado, y lo que quisieran los firmantes, como la mayoría de los colombianos, sería una mayor solidez y certeza en torno a que lo acordado será cumplido.
De allí que, mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso vía ‘fast track’, se haya buscado “blindar” las...